Alumnos, padres y docentes de la ESEA Nº1 se movilizaron este jueves frente a la institución tras la instalación de una microcámara en el salón donde estudiantes de danza se cambian de ropa. La cooperadora presentó una denuncia penal y exigen la destitución de un directivo del IPA que también ejerce como inspector.
Una microcámara instalada sin autorización en el salón de usos múltiples del Polivalente de Arte desató este jueves una protesta con corte de calle en Diagonal Alberdi y Santa Fe, donde funciona la Escuela Secundaria Especializada en Arte (ESEA) Nº1. El dispositivo, colocado presuntamente por directivos del Instituto de Profesorado de Arte, que comparte el edificio con la secundaria, apuntaba al escenario de un espacio que los estudiantes de danza de ambas instituciones utilizan también para cambiarse de ropa.
La movilización, que comenzó a las 7.30 con la presencia de alumnos, padres, docentes y los centros de estudiantes de ambas instituciones, se produjo un día después de que integrantes de la cooperadora del Polivalente presentaran una denuncia penal ante la Comisaría Primera.
La denuncia penal presentada el miércoles busca que la Justicia investigue quién ordenó la instalación del dispositivo y bajo qué circunstancias. Desde la comunidad educativa subrayaron la gravedad de que el espacio afectado sea utilizado regularmente por menores de edad durante actividades artísticas.
La figura en el centro de la tormenta
El reclamo apunta en particular contra el directivo del IPA que ejerce simultáneamente como inspector de Educación Artística del distrito. Para la comunidad del Polivalente, esa doble función genera un conflicto de intereses que viene deteriorando la convivencia entre ambas instituciones desde hace tiempo. Desde la comunidad educativa piden su destitución y también lo acusaron de no cumplir debidamente con sus funciones de inspector “a causa de conflictos de intereses”.
La comunidad del Polivalente exige una “respuesta adecuada” de las autoridades educativas del distrito ante lo que describen como una situación de gravedad institucional. Mientras la denuncia penal sigue su curso, la presión recae sobre la Inspección Distrital para que defina la situación del directivo, cuya permanencia en ambos cargos es el nudo central del conflicto.