El proyecto del Ministerio de Desregulación elimina la matrícula obligatoria, el título universitario y los honorarios fijos para operar como intermediario. Desde el Colegio local anticipan más juicios, inquilinos desprotegidos y el fin de una caja jubilatoria propia.
El ministro Federico Sturzenegger enviará al Congreso este mes un proyecto de ley que cambia las reglas del corretaje inmobiliario en Argentina. Sin matrícula obligatoria, sin título universitario, sin aranceles mínimos y sin poder sancionatorio para los colegios profesionales, cualquier persona podrá intermediar en la compra, venta o alquiler de propiedades. Para el gobierno, es una desregulación necesaria y acusan a los colegios de ser “un gasto inutil”. Sin embargo, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, advierte que va a terminar perjudicando a los vecinos.
Qué propone el proyecto
El borrador que circula en el ministerio tiene seis ejes principales. Primero, fin de la matrícula obligatoria, el registro pasa a ser voluntario y la actividad deja de ser profesional para volver a ser comercial. Segundo, se elimina la exigencia de título universitario para ejercer. Tercero, los colegios profesionales pierden la facultad de sancionar, es decir, los conflictos se resuelven exclusivamente en la Justicia ordinaria. Cuarto, se eliminan las restricciones geográficas y se puede operar en cualquier provincia sin reinscribirse. Quinto, los honorarios pasan a ser libres, las partes negocian las comisiones sin pisos ni topes. Sexto, derogación en cascada de toda la normativa previa que imponga matrícula, título o precios regulados.
Sturzenegger defendió la medida en el evento “Real Estate 2026”: “Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social.” Y agregó que el paquete legislativo busca “eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial.”
La respuesta desde Mar del Plata
Verónica Berasueta, vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, no coincide con ese diagnóstico. “Hay una inconstitucionalidad en lo que están planteando, porque desregular a nivel nacional una ley que es provincial va contra el artículo 121 de la Constitución.” dijo en diálogo con el Retrato
Hoy, cuando un martillero comete un error, el afectado va al tribunal de disciplina del colegio. Con la desregulación, ese camino desaparece. “Si cualquiera vende y desconoce el tema y hay problemas, todo va a recaer en la justicia ordinaria que ya sabemos que está saturada. El 100% de las operaciones se van a judicializar”, advirtió.
El riesgo más concreto es que “el vecino común no tiene ni siquiera un informe de que la persona que lo asesora no tenga registros penales. Podría ser cualquiera, incluso un estafador.”
El argumento de las comisiones: ¿van a bajar o a subir?
El gobierno sostiene que la libertad de honorarios va a generar competencia y bajar las comisiones. Berasueta cree que pasará exactamente lo contrario. “Nosotros, al tener un mínimo y un máximo, todos nos manejamos dentro de eso. Son de un 1,5 a un 3%, súper razonables. Cuando se desregule, va a haber gente que cobre mucho y gente que quiera comprar y lo pague igual. Va a ser un caos porque cualquiera va a cobrar cualquier cosa.”
En Mar del Plata, con el mercado inmobiliario estacional y la disparidad de precios que tiene, esa variabilidad sin referencia podría potenciarse. La vicepresidenta del Colegio señaló que los martilleros locales acompañan operaciones desde la reserva hasta la escritura, y en alquileres durante todo el contrato. “Hemos estudiado derechos civiles, procesales, leyes. Eso no lo improvisa nadie.”
La caja jubilatoria en juego
Hay un punto que el debate público suele omitir. Los martilleros tienen una caja jubilatoria propia, regulada por la ley provincial 7014, que se financia con los aportes del ejercicio profesional. Si la actividad se desregula y deja de ser profesional, esa caja pasa al Estado. “Los jubilados van a perder beneficios que tienen hoy, incluyendo las obras sociales. Van a ir a PAMI con todo el saturamiento que eso implica. Es también la pérdida de una caja que es provincial”, señaló Berasueta.
El inquilino: la parte más vulnerable
Hay naturalmente asimetría de conocimiento entre quien alquila y quien arrienda, el propietario o la inmobiliaria manejan contratos, leyes y usos del mercado, el inquilino, en general, no. El intermediario matriculado equilibra en parte esa asimetría. Sin él, el riesgo se concentra en quien menos herramientas tiene.
“Vos imaginate que cualquier propietario diga: yo voy a alquilar bajo mis condiciones. Los abusos que podrían cometerse cuando hay mala voluntad. Y ya hay un problema habitacional del que debería ocuparse el gobierno”, planteó Berasueta “En este momento hay más oferta que demanda, el mercado mismo acomoda los precios, está funcionando. Me parece que sería complicar algo que está andando bien.”