La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal se plantó frente a la Playa Redonda en busca de transparencia, participación ciudadana y el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente en uno de los últimos sectores costeros públicos y naturales de Chapadmalal.
Desde las 9:30 de la mañana, vecinos y organizaciones ambientales de Chapadmalal se presentaron en Playa Redonda, sobre Ruta 11 y calle 749, para impedir o al menos visibilizar la toma de posesión de la unidad turística fiscal adjudicada recientemente por la Municipalidad de General Pueyrredón mediante la Ordenanza 26.579/25.
La convocatoria, de carácter pacífico, fue organizada por la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal y se inscribe en un conflicto que acumula meses de denuncias, pedidos de información pública sin respuesta y presentaciones ante organismos provinciales y nacionales.
Lucas Landivar, abogado de la Asamblea, resumió el problema en diálogo con el Retrato: “La administración municipal está avanzando con la privatización de estos espacios que son de uso público, de uso común y que tienen ese destino como bien de dominio público, a través de mecanismos que incumplen otras normas estructurales creadas en el tiempo y que protegen”.
Nueve irregularidades sin acceso a la información
La Asamblea identificó al menos nueve incumplimientos sustanciales en el proceso de concesión. Y lo hicieron sin acceso completo al expediente, dado que el EMTURyC, ente municipal que gestiona el turismo y la costa, no respondió los pedidos formales de información pública que la organización presentó.
Entre las omisiones más graves figura la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, exigida por el artículo 11 de la Ley Provincial 11.723 para intervenciones sobre yacimientos paleontológicos y reservas forestales protegidas. “El concesionario que licitó Playa Redonda debió presentar esa evaluación junto con el proyecto y no lo hizo. Y el proceso avanzó igual”, señaló Landivar. A eso se suman la falta de autorización del Centro de Registro del Patrimonio Paleontológico de la Provincia, requerida por la Ley Nacional 25.743, y la inexistencia de audiencia pública, obligación prevista por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Hay además un problema de delimitación territorial que Landivar calificó de especialmente grave. La línea de ribera marítima nunca fue demarcada oficialmente en la zona. “Los funcionarios están concediendo un espacio sin saber hasta dónde pueden conceder. Probablemente estén afectando patrimonio provincial, con lo cual la Municipalidad de General Pueyrredón podría cargar con causas por daños y perjuicios derivados de dañar un patrimonio que no le corresponde”, advirtió el letrado.
Un yacimiento de valor excepcional
La propia normativa municipal reconoce el carácter singular del área. La Ordenanza 22.325/15 declara a Playa Redonda como yacimiento paleontológico de valor excepcional. La Ordenanza 19.111/09 establece un Plan de Manejo para la Reserva Turística y Forestal del Paseo Costanero Sur. La Ordenanza 26.077/23 la vincula a políticas de mitigación del cambio climático. Todas ellas, según la Asamblea, son contradichas por la concesión aprobada. “Estos acantilados pueden demostrar, como pocos lugares en toda América, el gran intercambio de la fauna prehistórica. Estamos frente a un parque nacional de hecho” valoró Landivar.
Justicia y organismos provinciales en movimiento
Ante la falta de respuesta municipal, la Asamblea escaló el reclamo a múltiples instancias. La Defensoría del Pueblo de la Provincia tomó intervención, al igual que la Fiscalía de Estado bonaerense. Se presentaron denuncias formales ante el gobierno provincial en función del patrimonio provincial potencialmente afectado.
El paso inmediato será el judicial. “Vamos a pedirle a los jueces y juezas que preventivamente suspendan la concesión hasta tanto se analice si es jurídicamente válida o no”, anticipó Landivar. “Si detectamos nueve incumplimientos sin acceso a la información, seguramente hay más. No pueden darle a un privado para que explote un lugar de valor patrimonial singular para que un grupo de personas hagan negocios con el patrimonio público”.
La acción de esta mañana en la costa de Chapadmalal es, según la Asamblea, el inicio de una nueva etapa del conflicto. La concesión ya fue otorgada. Lo que queda por resolverse es si la justicia bonaerense considerará que debió nunca haberse firmado.