El senador bonaerense del PRO, Guillermo Montenegro, presentó un nuevo paquete de reformas para adecuar distintas normas de la Constitución de la provincia de Buenos Aires al nuevo Régimen Penal Juvenil promovido por la gestión de Javier Milei, el cual fue aprobado este año por el Congreso nacional mediante la Ley 27.801 y entrará en vigencia en septiembre de 2026.
En esta oportunidad, el dirigente opositor avanzó sobre modificaciones a la Ley 11.922, que regula el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, junto con otra iniciativa vinculada al régimen de ejecución de penas juveniles contemplado en la Ley Provincial 15.571.
La nueva presentación de Montenegro se suma al proyecto que impulsó hace algunas semanas para modificar la Ley 13.634, normativa que regula el procedimiento penal juvenil bonaerense. El planteo concentró el debate político en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, uno de los ejes centrales de la reforma promovida por el presidente Milei.
Sin embargo, el nuevo paquete legislativo apunta a una etapa distinta de adecuación normativa. En lugar de concentrarse exclusivamente en el umbral de responsabilidad penal, el dirigente marplatense busca adaptar el funcionamiento procesal del sistema penal juvenil bonaerense a los lineamientos establecidos por la legislación nacional, especialmente en materia de actuación fiscal, mecanismos restaurativos, participación de las víctimas y control judicial de las decisiones adoptadas durante el proceso.
“La Ley 11.922 es el Código de Procedimiento Penal general, se aplica a mayores, pero hay algunos aspectos que también atañen a los menores. Lo que estamos haciendo es reformar esa última parte”, explicó Montenegro al detallar el alcance de la propuesta.
Uno de los principales cambios incorporados por el texto consiste en la inclusión de nuevos principios rectores para las causas penales juveniles. El articulado establece que el proceso penal adolescente deberá regirse por criterios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, solución del conflicto, tutela judicial efectiva y protección integral de la víctima, en línea con los estándares fijados por la Ley nacional.
En paralelo, Montenegro incorporó al Código Procesal Penal bonaerense el denominado “principio de oportunidad”, mecanismo que habilita al Ministerio Público Fiscal (MPF) a prescindir total o parcialmente de la acción penal en determinados casos.
Según establece el proyecto, la herramienta sólo podrá aplicarse cuando el hecho no comprometa gravemente el interés público, cuando la intervención penal resulte desproporcionada o cuando exista reparación del daño causado a la víctima.
Otro de los puntos centrales de la reforma impulsada por Montenegro se relaciona con el fortalecimiento de los derechos de las víctimas en delitos cometidos por adolescentes, ya que el proyecto establece que las personas damnificadas tendrán derecho a asesoramiento jurídico gratuito, acceso a información sobre el expediente y participación activa en instancias de mediación.
“La reforma no implica una ruptura con el sistema vigente, sino su actualización funcional, asegurando coherencia con el nuevo régimen penal juvenil y con los estándares contemporáneos de justicia penal, abordando esta cuestión desde una perspectiva de responsabilidad penal y velando no solo por los derechos de los imputados, sino también los de las víctimas”, concluyó.
Vale recordar que en el marco de la presentación de su expediente sobre la baja de imputabilidad, Montenegro aclaró que su iniciativa no viene a derogar por completo las leyes bonaerense vigente, sino que se orienta a “reconfigurarla” mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original.
“La sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”, consideró el exintendente de Mar del Plata en aquella oportunidad.