El oficialismo convocó su propia sesión una hora antes que la oposición, impuso el temario y bloqueó el intento de interpelación al jefe de Gabinete. En el medio, media sanción a la Ley Hojarasca. Y una paradoja: en el peronismo, algunos prefieren que Adorni siga.
Este miércoles, la sesión especial en Diputados fue un ejercicio de relojería parlamentaria. Martín Menem, presidente de la Cámara baja y pieza central de la estrategia legislativa oficialista, convocó a sesión una hora antes que la oposición, reunió el quórum, impuso su temario y dejó caer el reloj sobre el intento de interpelar a Manuel Adorni. El jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde que La Libertad Avanza llegó al gobierno, sobrevivió otra jornada en el Congreso sin tener que dar explicaciones desde el estrado.
No fue una sorpresa. La oposición dura llegó a la sesión sabiendo que no tenía los números. Lo había demostrado la semana anterior, cuando tuvo que reprogramar la convocatoria por falta de quórum. Pero insistió igual, en una jugada que el propio oficialismo calificó de inexplicable si el objetivo era realmente avanzar contra el jefe de Gabinete.
La trampa del horario
El bloque de La Libertad Avanza, a través de su jefe Gabriel Bornoroni, convocó sesión para las 10 de la mañana. La oposición tenía prevista su propia convocatoria para las 11, centrada en el pedido de interpelación a Adorni. Al reunir quórum en su sesión y extender el debate de su temario, el oficialismo esperó a que se cumpliera la media hora de tolerancia desde las 11 y la sesión opositora cayó automáticamente.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, fue al recinto con una moción de orden para plantear un cuarto intermedio que permitiera abrir la sesión opositora. Menem la desestimó sin someterla a votación. “No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria. No voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia democrática de esta cámara”, afirmó el riojano.
Desde la bancada peronista, la secretaria parlamentaria Paula Penacca le respondió que Menem “no es juez” y no tiene potestad para interpretar el reglamento de manera unilateral. En la misma línea, Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, fue más directa: “No queremos trampas, ni hacemos pendejadas. Llegado el momento del horario de la sesión pedimos que se vote el cuarto intermedio para ver si podemos iniciar sesión. Posiblemente no tengamos número, pero queremos intentarlo”, planteó.
Para salir del enredo procesal, Germán Martínez propuso levantar directamente la sesión oficialista y dejar el camino libre. Menem sí la sometió a votación. Resultado: 131 votos negativos y 111 positivos. La sesión continuó y la interpelación quedó otra vez en el cajón.
La derrota en los números dejó en evidencia el mapa real de la Cámara. El oficialismo cuenta con el respaldo de los bloques aliados y de los espacios que responden a gobernadores, una coalición suficiente para sostener el quórum y neutralizar a la oposición dura cuando el conflicto es directo. Sin esa estructura, la maniobra de Menem no habría funcionado.
La paradoja peronista
En el peronismo hay un sector que prefiere que Adorni continúe en su cargo. La razón política es sencilla, la continuidad del jefe de Gabinete mantiene encendida la interna dentro del Gobierno, alimenta el desgaste de imagen del oficialismo y, en esa lectura, le conviene más al kirchnerismo que Adorni siga siendo noticia que verlo desplazado.
En el otro extremo, dentro del propio oficialismo hay preocupación genuina. Las tensiones por la situación del jefe de Gabinete complican los acuerdos con los bloques dialoguistas y la investigación judicial, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, que espera la declaración jurada de Adorni, podría profundizar el daño de imagen si avanza en los próximos meses.
Hojarasca con media sanción y puntos calientes
En el medio de toda esa tensión, la sesión produjo que la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como Ley Hojarasca, obtuvo media sanción con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos que el Gobierno considera “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”.
El diputado libertario Alberto Benegas Lynch encabezó la defensa desde el oficialismo: “Venimos a sacar al argentino de bien de este laberinto regulatorio”, sostuvo, y describió las normas derogadas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política”.
La oposición no votó en bloque. El dictamen de mayoría fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) e Innovación Federal. Unión por la Patria y el interbloque Unidos presentaron dictámenes de minoría.
No todas las normas apuntadas son anecdóticas. Entre los artículos más sensibles figura la derogación de la Ley 26.688, sancionada en 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.
Para el oficialismo la norma es “primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna”, para la oposición, tocar ese marco es un retroceso en política sanitaria. También se propone eliminar la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que actualmente limita la participación de capitales extranjeros en empresas de comunicación a un máximo del 30% del capital accionario con derecho a voto.