La Decisión Administrativa 20/2026 eliminó la última partida de obra pública en el complejo turístico, mientras las familias de trabajadores que resisten el desalojo siguen sin respuesta de la AABE. Florencia Marcó Ruiz, delegada de ATE y portavoz de los afectados, advierte: “Son estrategias para dejarlo caer y privatizarlo”.
La tijera del gobierno nacional volvió a pasar por Chapadmalal. La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, eliminó por completo la partida de $19.670.153 que estaba destinada a la refuncionalización y restauración del Hotel 4 del complejo turístico. Era, junto a una exigua asignación de $12 millones para la sede de la Dirección Nacional de Migraciones, la única obra pública nacional prevista para todo General Pueyrredon en 2026. De los $32 millones originales, ahora solo queda en pie esa segunda partida. El ajuste total que la misma decisión administrativa aplicó sobre organismos nacionales con asiento en el partido supera los $2.000 millones, con la Justicia Federal y el INIDEP entre los más golpeados.
El recorte sobre Chapadmalal llega en el peor momento. Mientras el gobierno avanza hacia una concesión del complejo por 30 años con el objetivo declarado de atraer inversión privada que restaure su infraestructura, las 30 familias de trabajadores que viven dentro del predio permanecen en la incertidumbre.
Un impasse que no se resuelve
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a los trabajadores que residen en los pabellones a abandonar sus viviendas en un plazo de diez días corridos, calificándolos de “intrusos” en la documentación oficial. ATE presentó una medida cautelar y cada trabajador envió una nota individual respondiendo la intimación. UPCN optó por una carta colectiva en representación de todos.
Florencia Marcó Ruiz, delegada de ATE y portavoz de los afectados, describió en diálogo con el Retrato el estado actual del conflicto: “El radio pasillo es que supuestamente las viviendas no entrarían en la famosa concesión de treinta años. Sí quieren concesionar los hoteles, obviamente está clarísimo, pero el tema de las viviendas quedó parado. No tuvimos contestación por parte de la AABE, estamos en un impasse”.
Marcó Ruiz caracterizó la maniobra inicial: “Se tiraron el lance, si se van o no se van. Obviamente no es tan fácil sacar a la gente”. Y puso en contexto el carácter de las viviendas en disputa, no se trata de ocupaciones irregulares sino de una compensación histórica por los bajos salarios del sector. “Siempre se entregaron viviendas por esa razón al trabajador de la unidad turística. Nosotros pagamos luz, gas y cada uno mantiene su departamento”, remarcó.
Esto no hace más que acentuar la historia de abandono que ahora el gobierno invoca para justificar la concesión. “El mismo Estado los abandonó, y los sigue abandonando. Y Chapadmalal no es un negocio. Los hoteles no se hicieron para eso, se hicieron para el derecho de vacacionar de jubilados, niños y trabajadores. Si lo concesionan, no va a ser para la gente, va a ser para cierta gente, porque no cualquiera va a poder venir como lo hacían antes”.
La estrategia del abandono
Al respecto de la eliminación de los fondos para el Hotel 4, Marcó Ruiz sentenció: “Está claro: no quieren poner un peso más en Chapadmalal. Los desvíos son para no invertir en la unidad turística y concesionarla para que se haga cargo un privado. Son estrategias para dejarlo caer y privatizarlo”, sostuvo. Y recordó el límite legal que rodea al predio, las tierras fueron donadas con un fin específico y el complejo fue declarado patrimonio histórico cultural en 2013, lo que imposibilita su venta directa.
El frente de resistencia, mientras tanto, se va consolidando. “Hay vecinos y sociedades de fomento haciendo asambleas para acompañarnos. Estamos en contacto con ATE Nación, Buenos Aires y Córdoba para unificar fuerzas”, detalló la delegada. Y cerró con una apuesta: “Podrán avanzar en esto, pero no va se les va a ser fácil”.