La crisis del transporte público en el partido de General Pueyrredon volvió a encender las alarmas durante el fin de semana, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidiera interrumpir el servicio de colectivos ante la falta de pago de salarios por parte de las empresas prestatarias, impulsado por un lock out patronal ante la alta de respuesta a su pedido de aumento del boleto.
El conflicto, que dejó sin servicio a miles de usuarios, motivó la intervención urgente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que convocó a una audiencia para intentar destrabar la situación.
La medida gremial fue adoptada el viernes por la tarde, cuando el sindicato confirmó la retención de tareas hasta tanto se acreditaran los haberes adeudados. Frente a ese escenario, la cartera laboral provincial organizó una reunión entre las partes el sábado a las 15, con el objetivo de restablecer el diálogo y evitar una profundización del conflicto.
Durante el encuentro, las empresas de transporte expusieron el complejo cuadro financiero que atraviesa el sector. Según señalaron, la principal dificultad radica en la falta de transferencia de fondos nacionales vinculados a los llamados “atributos sociales”, subsidios destinados a cubrir parte del valor del boleto para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. De acuerdo con lo manifestado por las compañías, esa deuda acumulada equivale aproximadamente a tres meses de salarios de todos los trabajadores del sistema.
Las prestatarias también aclararon que la Provincia de Buenos Aires cumplió con los aportes que le corresponden dentro del esquema vigente de financiamiento, aunque remarcaron que la ausencia de recursos nacionales dejó a las empresas sin margen para afrontar en tiempo y forma las obligaciones salariales.
Desde el gremio, en tanto, ratificaron que los choferes no retomarían sus tareas hasta que los sueldos fueran depositados. En ese marco, las empresas informaron que estaban gestionando una herramienta crediticia para cancelar los salarios durante la mañana del lunes 11 de mayo, compromiso que finalmente se concretó y permitió la normalización del servicio en la ciudad.
La Delegación Regional del Ministerio de Trabajo confirmó este lunes la acreditación de los haberes y el restablecimiento de la circulación de colectivos en General Pueyrredon. Sin embargo, el organismo advirtió que el conflicto expuso problemas estructurales que continúan vigentes y que podrían derivar en nuevas interrupciones del servicio en los próximos meses.
“No existen garantías de que situaciones similares no vuelvan a repetirse”, señalaron desde la cartera laboral, que incluso alertó sobre posibles dificultades futuras para afrontar el pago del medio aguinaldo.
Según los datos aportados por las empresas durante la audiencia, los recursos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales representan cerca del 55% del valor subsidiado del boleto. A esto se suma otro factor que golpea de lleno la sustentabilidad del sistema: la caída sostenida en la cantidad de pasajeros transportados.
De acuerdo con estadísticas de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP), el número de usuarios descendió un 30% en el último año, una retracción que impacta directamente en la recaudación de las compañías y profundiza la crisis financiera del sector.
El Ministerio advirtió además que un eventual traslado de esos costos al precio del boleto podría generar un efecto aún más grave: dificultar el acceso al transporte público para miles de vecinos y profundizar la caída de pasajeros.
En el comunicado oficial también se cuestionó el rol del Gobierno Nacional por el retiro de fondos destinados al sostenimiento del sistema de transporte urbano en el interior del país. Para la Provincia, esa decisión agrava una situación económica ya delicada y repercute tanto en los trabajadores como en los usuarios.
Al mismo tiempo, el documento incluyó críticas hacia el Municipio de General Pueyrredon y, particularmente, hacia la gestión del intendente, al considerar que no hubo respuestas concretas frente a la crisis. Desde la Provincia remarcaron que el Ejecutivo municipal es la autoridad responsable de garantizar el funcionamiento del servicio público y de controlar el cumplimiento de las concesiones.
El Ministerio también enumeró una serie de problemas históricos vinculados a la calidad del transporte local, entre ellos el deterioro de las unidades, las irregularidades en las frecuencias y la demora en la convocatoria a una nueva licitación pública del sistema.
A ese panorama se suma el mal estado de numerosas calles de la ciudad, especialmente en los barrios periféricos, donde las condiciones climáticas muchas veces vuelven intransitables algunos recorridos y agravan las dificultades operativas del servicio.
Finalmente, desde el organismo provincial señalaron que la prioridad será sostener instancias de diálogo entre empresarios, trabajadores y autoridades para evitar nuevos conflictos que afecten a miles de pasajeros, entre ellos trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen diariamente del transporte público para movilizarse.