La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso del Gobierno nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a garantizar partidas presupuestarias para las universidades públicas. Por supuesto, la decisión no deroga la Ley de Financiamiento Universitario, pero abre un nuevo impasse en una disputa que lleva más de ocho meses sin resolución desde que el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y que el sistema universitario está pagando con salarios deteriorados y gastos de funcionamiento al límite.
Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), interpretó el fallo en diálogo con el Retrato: “Esto no es más que seguir poniendo piedras en el camino o palos en la rueda, como queramos llamarlo, porque el Ejecutivo elige qué ley cumplir”.
Qué dice el fallo y qué no dice
La resolución judicial no suspende la ley ni exime al Gobierno de cumplirla. Lo que hace es dar curso al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo para discutir el fondo de la cuestión, generando un compás de espera sobre la aplicación integral de la norma.
Biasone aclaró: “Lo que dice la resolución judicial es que tienen que cumplir inmediatamente los artículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque tienen carácter alimentario”. Esos dos artículos refieren específicamente a la actualización de haberes docentes y no docentes y al ajuste de becas estudiantiles. El resto de la ley, gastos de funcionamiento, partidas para ciencia y tecnología, infraestructura, queda en la zona gris que ahora se discute.
La rectora reconoció que hay una interpretación en disputa: “Hay algunos que interpretan que tienen que cumplir con esta manda judicial y seguir discutiendo, qué es lo que pueden hacer, o suspenderlo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) analizaba este viernes una presentación judicial para dejar establecida esa posición, con un escrito que se esperaba presentar entre el viernes y el lunes.
Los argumentos del Gobierno que la Cámara rechazó
El Ejecutivo había intentado dos líneas de ataque antes de llegar a la suspensión. La primera fue plantear que los jueces intervinientes no podían ser objetivos porque eran docentes de la UBA. La Cámara lo descartó de plano. “Dijo que no tiene nada que ver, que eso no implica no ser objetivo en las decisiones que uno toma, porque la mayoría de los jueces son egresados y también docentes”, explicó Biasone. En Mar del Plata, señaló, ocurre lo mismo con gran parte del Poder Judicial local.
La segunda línea fue la del equilibrio fiscal, el Gobierno sostiene que la ley rompe el equilibrio presupuestario y que no establece de dónde saldrán los recursos. Biasone rechazó ese argumento nuevamente: “Cuando la ley se vota en septiembre y se ratifica en octubre de 2025, teníamos el presupuesto 2023 prorrogado. Pero el Congreso indicó cuáles eran las partidas que deben ser afectadas para solventar el financiamiento universitario”.
De camino a la Corte
Con el expediente ahora en camino hacia la Corte Suprema, Biasone planteó su expectativa en los próximos pasos: “Esperemos que la Corte se expida rápidamente frente a la cuestión alimentaria, como son los salarios. Cuando hay una cuestión alimentaria en el medio, debe cumplirse la ley, no hay excusa, al menos en esa parte”.
La rectora también apeló a un argumento de sentido común institucional: “Me parece que es un tema ya bastante conversado en la comunidad como para que los jueces de la Corte demoren demasiado”.
El fallo llega a días de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo martes 12 de mayo en todo el país, con concentración en Mar del Plata a las 16 en el complejo universitario. La suspensión de la cautelar agrega un argumento extra a la movilización.