El juez federal Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar del Sindicato Marítimo de Pescadores y suspendió tres artículos clave de la Ley 27.802 para el personal embarcado. El fallo protege el aguinaldo, el cobro durante enfermedad y el derecho a huelga. El conflicto llegará a la Corte Suprema.
El Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) de Mar del Plata consiguió una medida cautelar que suspende la aplicación de la reforma laboral para sus representados. El juez federal Raúl Ojeda hizo lugar al amparo presentado por el gremio y frenó los artículos 1, 101 y 137 de la Ley 27.802, considerando que su aplicación podría generar daños irreparables sobre derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. Mientras el expediente de la CGT fue derivado al tribunal administrativo, el del SIMAPE, radicado en Mar del Plata, permaneció en el juzgado de Ojeda, que lo consideró “perfectamente escindible” del resto.
El artículo central que el fallo suspende es el que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo y lo remite a la Ley de Navegación, sancionada en 1973 bajo el gobierno de Lanusse y cuyo contenido laboral remite, en buena medida, a una norma anterior de la época de Onganía. Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, explicó lo que implica en términos concretos para el gremio. “Nos llevan sesenta años para atrás. Nos sacan de todas las protecciones que te da la ley supletoria que es la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó en diálogo con el Retrato.
Lo que estaba en juego
Trueba ilustró el impacto con un caso real. Recientemente, un marinero sufrió un ACV a bordo y debió ser evacuado en helicóptero. Lleva cuatro meses en recuperación esperando una cirugía. Porque el hecho ocurrió antes de la reforma, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que siga cobrando su salario como si estuviese navegando. Con la nueva ley, ese trabajador no estaría percibiendo nada.
El aguinaldo también cambia de estructura. La LCT establece el 50% del mejor salario del semestre, pagadero en dos cuotas. La Ley de Navegación, en cambio, fija una doceava parte de lo trabajado cada mes, pagadera una sola vez en diciembre. El monto resultante es claramente inferior. A esos dos puntos se suma la supresión del derecho a huelga sin servicios mínimos del 50% (aunque la actividad pesquera no fue incluida en la lista de servicios esenciales) y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, el mecanismo por el cual un convenio sigue vigente aunque venza, hasta que las partes acuerden uno nuevo.
Este último punto fue el que Trueba señaló como la trampa más grave. Si las cámaras empresariales no convocaran a negociar un nuevo convenio, escenario que consideró más que probable, el gremio quedaría sin herramientas para forzar esa negociación, sin convenio vigente y sin derecho a huelga efectivo. “Ahí está clara la maniobra”, sostuvo.
El camino a la Corte
La cautelar es provisional. El gobierno puede apelarla, y el fondo del asunto deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia, que también tendrá que pronunciarse sobre los recursos de la CGT y sobre la constitucionalidad de otros artículos de la reforma laboral. Trueba expuso que es lo que espera: “La Corte Suprema va a encontrar montones de inconstitucionalidades. No puede hacer oídos sordos”. Por ahora, los trabajadores representados por el SIMAPE en Mar del Plata siguen bajo el régimen anterior y la reforma no se les aplica