Melisa Centurión y Gustavo Pulti presentaron un proyecto de resolución en el que solicita al presidente Javier Milei a abstenerse a tomar decisiones vinculadas a la venta, concesión, cambio de uso, modificación urbanística, transferencia o cualquier otra forma de disposición sin garantizar información pública, participación ciudadana y consulta a las instituciones académicas, profesionales, sociales, culturales y comunitarias de la ciudad, en atención a las implicancias urbanísticas, ambientales, históricas, laborales y estratégicas involucradas.
También solicitaron al Ministerio de Defensa de la Nación la remisión de toda la documentación e información vinculada a los predios correspondientes a la Base Naval Mar del Plata y demás bienes de las FFAA comprendidos en el decreto presidencial.
El DNU dispone la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización y/o concesiones y dispone que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa.
De esta manera, la iniciativa alerta por el posible destino de inmuebles de enorme valor histórico, urbano, ambiental y social para la ciudad como lo son el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Instituto Unzué, la Delegación Naval Mar del Plata, el Faro de Mar del Plata, el Hotel Antártida, el Hotel Tierra del Fuego, la Base Aérea Militar y la Base de Artillería Antiaérea 601 (GADA).
El proyecto aclara que “si bien el DNU 314/2026 no dispone una medida concreta alguna sobre la Base Naval de Mar del Plata, resulta evidente que, por tratarse de un inmueble del Estado Nacional afectado al Ministerio de Defensa, el mismo queda alcanzado por el régimen establecido en la norma”.
“En el caso de que los predios de la Base Naval Mar del Plata sean sometidos al proceso de venta, concesión, transferencia de uso o cualquier otra modalidad de disposición prevista en el DNU 314/2026, su ubicación estratégica y el significativo valor urbano e inmobiliario del sector le conferirían especial trascendencia dentro del nuevo esquema de financiamiento establecido por el Gobierno Nacional”, agrega.