La decisión judicial de frenar la eliminación del Salario Social Complementario reconfiguró el escenario del conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales, en medio de un plan de lucha que se replica en todo el país. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otros espacios, sostiene medidas de fuerza en defensa de un ingreso clave para miles de familias.
“A raíz del plan de lucha que está llevando adelante la UTEP junto a organizaciones sociales, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno continuar con el programa de asistencia, frenando momentáneamente su eliminación”, señalaron desde el sector. En Mar del Plata, las acciones incluyeron , la movilizacion del pasado viernes, y una charla este martes 5 de mayo con la diputada provincial Cintia Romero en la sede de la CGT regional.
“La cautelar establece que el Ministerio de Capital Humano debe garantizar la continuidad de las prestaciones hasta que haya una sentencia definitiva”, explicaron fuentes judiciales. No obstante, desde la UTEP mantienen el estado de alerta ante antecedentes de incumplimientos oficiales en fallos similares.
La polémica se centra en la eliminación del programa Potenciar Trabajo, rebautizado como “Volver al Trabajo”, que hoy constituye el único ingreso estatal para trabajadores de la economía popular. Su supresión, advierten, tendría consecuencias directas en todo el país.
“En Mar del Plata, unos 15.000 trabajadores perderían su ingreso mensual, lo que implicaría una retracción de más de 1.170 millones de pesos mensuales en la economía local”, indicaron desde las organizaciones. En términos anuales, la cifra ascendería a 14.000 millones de pesos, con impacto directo en el consumo barrial.
El Salario Social Complementario fue establecido por ley como un piso de ingresos sin fecha de finalización. Su eliminación, sostienen, pondría en riesgo comedores comunitarios, cooperativas y espacios de cuidado.
“El recorte representa apenas el 0,1% del PBI, pero su impacto social sería devastador”, remarcaron, al tiempo que señalaron que el monto del programa permanece congelado en 78.000 pesos desde noviembre de 2023, con una pérdida del 74% del poder adquisitivo.
Además, cuestionan la propuesta oficial de reemplazarlo por programas de capacitación sin garantías de empleo y con escasa llegada al interior.
“Sin salario no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz social”, concluyeron, en un mensaje que sintetiza la tensión creciente entre ajuste fiscal y conflictividad social.