Mientras el fiscal reclamó el máximo de 20 años, ampliable a 28 si se unifica con la condena anterior, el abogado de los Pérez instó al tribunal a ratificar la perpetua por femicidio. La defensa pidió el mínimo de 8 años. Farías dijo que no violó ni mató a nadie.
El segundo día del juicio de cesura por el caso de Lucía Pérez cerró este jueves con alegatos que evidenciaron la profundidad del abismo jurídico y humano que atraviesa la causa. Ante los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi 
del Tribunal Oral en lo Criminal, las tres partes formularon pedidos de pena radicalmente distintos para Matías Farías, quien estuvo conectado por videoconferencia desde la unidad penitenciaria donde se encuentra detenido desde octubre de 2016. La sentencia se conocerá el próximo lunes.
El fiscal Carlos Russo solicitó una pena de 20 años de prisión y planteó que, si el tribunal decide unificar esa condena con la de 8 años ya cumplida por venta de drogas en inmediaciones de escuelas, la pena única ascendería a 28 años. Para fundamentar el techo, identificó cinco agravantes: la asimetría de poder entre el acusado y la víctima, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, la deshumanización a la que fue sometida, la violencia de género como contexto del hecho y la mortificación irreparable infligida a la familia. Rechazó además aplicar atenuantes y cuestionó duramente un peritaje psicológico presentado por la defensa que abordaba la historia de vida de Farías, al que calificó como una “pericia victimológica de un victimario”.
El pedido que desafía a Casación
El abogado de la familia de Lucía, Juan Pablo Gallego, instó a los jueces a desconocer lo resuelto por Casación en 2025, 
cuando se anuló la perpetua y se eliminó la calificación de femicidio, y a ratificar esa figura y la condena máxima del segundo juicio. Argumentó que el juicio de cesura fue, en los hechos, una “ficción”, dado que los recursos pendientes ante la Suprema Corte bonaerense aún pueden modificar todo lo actuado. De manera subsidiaria, adhirió al pedido del fiscal. Gallego apuntó también a la “falta de arrepentimiento” de Farías y utilizó términos que generaron tensión en la sala, mientras acusó a la defensa de ejercer “violencia” tras un cruce producido en la jornada anterior.
La defensora oficial Laura Solari, por su parte, reclamó la pena mínima prevista de 8 años de prisión, sin unificación con la condena anterior, argumentando que esa ya fue cumplida.
Cuestionó la validez de los agravantes esgrimidos por fiscalía y querella al sostener que están contemplados en la propia tipificación del delito y, por lo tanto, no pueden ser invocados como elementos adicionales. En contraposición, enumeró una serie de atenuantes centrados en la trayectoria de vida del acusado. Relatando que fue abandonado por sus padres al año de vida, trasladado doce veces entre unidades penitenciarias por episodios de violencia, privado de despedirse de su padre y de su propia hija mientras permanecía detenido sin condena firme. Sostuvo además que fiscalía y querella no aportaron “un solo agravante” que no estuviera ya absorbido.
Solari también retomó una crítica histórica de la causa, como fue la acusación de empalamiento que la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, formuló públicamente y que nunca pudo probarse. La tensión acumulada en la audiencia derivó en gritos al finalizar el debate y en la salida de las representantes de la defensoría escoltadas por efectivos policiales.
Antes de que los jueces anunciaran la fecha del fallo, Farías tuvo sus últimas palabras. Fueron breves y determinantes: “Que se haga justicia, yo no violé ni maté a nadie”.
En camino a la Suprema Corte
Cualquiera sea la pena que fije el tribunal el lunes, no será el cierre del caso. Tanto la defensa como la fiscalía y el particular damnificado tienen recursos ya presentados ante la Suprema Corte bonaerense, que deberá revisar como tercera instancia no solo la condena de Farías sino también la de Juan Pablo Offidani, condenado a 15 años de prisión por venta de drogas y participación secundaria en el abuso sexual.
Para la familia de Lucía, esa instancia es la que podría restituir la calificación de femicidio que Casación eliminó. Para la defensa, la que podría reducir aún más la condena. A casi diez años del crimen, la causa sigue sin un punto final a la vista.