En las últimas horas, las senadoras bonaerenses vinculadas al kirchnerismo, Fernanda Raverta y Mónica Macha, cuestionaron duramente al gobierno de Javier Milei por el envío al Congreso de un proyecto para endurecer los controles de las pensiones por discapacidad y otro para modificar la Ley de Salud Mental. A través de las redes, ambas legisladoras advirtieron que las dos iniciativas marcan un “retroceso” en materia de derechos para dos sectores vulnerables de la población.
El primer cuestionamiento fue expresado por Raverta, que a través de X sostuvo que la iniciativa oficial titulada “contra el fraude” de las pensiones por discapacidad representa, en realidad, una política de “ajuste, abandono y desprecio” contra las personas con discapacidad. En ese marco, la marplatense vinculó la propuesta con una decisión política de Milei de recortar prestaciones y sumar condiciones de acceso.
En tanto, la extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señaló que desde el Partido Justicialista nacional acompañan el plan de lucha impulsado por los familiares y personas con discapacidad frente a la propuesta de Milei, que la definió como un “retroceso de derechos conquistados”. “La indiferencia es hiriente, y la estigmatización con los más vulnerables es cruel y sistemática”, completó la legisladora.
En última instancia, Raverta reivindicó las políticas públicas desarrolladas durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, y afirmó que “es posible construir herramientas estatales de protección y cuidados”. “Lo vamos a volver a hacer”, concluyó la senadora bonaerense de Fuerza Patria.
Por su parte, Macha apuntó contra la intención de la administración libertaria de modificar la Ley de Salud Mental sancionada en el año 2010, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, y cuestionó que, antes de impulsar cambios normativos, el Gobierno no garantice la plena aplicación de la legislación vigente.
“Quieren modificar la Ley de Salud Mental. ¿Y si prueban con cumplirla? Hoy van a tratar la modificación de una ley comunitaria, amplia y con perspectiva de derechos humanos”, lanzó la senadora de Nuevo Encuentro en sus redes sociales, en un duro cuestionamiento a la decisión de la administración de Milei.
En ese sentido, Macha advirtió que, detrás de la reforma a la Ley de Salud Mental, se esconde un interés económico. De acuerdo a lo expresado por la senadora, el objetivo de las modificaciones sería habilitar la creación y apertura de establecimientos psiquiátricos privados, uno de los puntos claves que prohibió la regla aprobada en 2010.
“Este Gobierno vino a agudizar los padecimientos y la angustia de las y los argentinos. El problema no es la ley, es el financiamiento de las políticas de salud mental”, concluyó Macha en el posteo que realizó en redes sociales, donde respaldó el posicionamiento de profesionales de la salud mental que cuestionaron las propuestas de Milei.
Las modificaciones a las pensiones por discapacidad criticadas
La semana pasada, el gobierno de Milei envió al Congreso una iniciativa legislativa orientada a combatir el supuesto “fraude” en las pensiones por discapacidad, lo que generó fuerte rechazo entre organizaciones de personas con discapacidad y distintos sectores políticos. Desde la administración libertaria, sostienen que entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76.000 a 1.200.000, un crecimiento que, según argumentan, despierta sospechas sobre las condiciones en que fueron otorgados.
En ese sentido, el proyecto plantea que el Estado debe implementar nuevos mecanismos de control para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, y entre las medidas previstas figura la creación de un registro obligatorio de beneficiarios, además de cambios en el régimen actual de acceso y permanencia dentro del sistema de pensiones no contributivas.
Otro de los puntos cuestionados por Milei es la eliminación de la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado. De avanzar la propuesta, una persona que recibe la pensión por discapacidad que acceda a trabajo formal dejará de percibir ese ingreso estatal. Asimismo, la iniciativa contempla una desregulación de los pagos mínimos destinados a organizaciones que prestan servicios vinculados al sector.
Frente a ese escenario, entidades que prestan servicios a personas con discapacidad remarcaron que la prioridad debería centrarse en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025, vetada por Milei en agosto y luego ratificada por el Parlamento en septiembre, pero nunca puesta en marcha por el Ejecutivo, que argumentó falta de previsión presupuestaria.
18 provincias rechazaron la reforma a la Ley de Salud Mental
En un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en Mar del Plata, el pasado 20 de abril autoridades sanitarias de 18 provincias manifestaron su rechazo a las modificaciones de la Ley de Salud Mental impulsadas por el Gobierno nacional, y dieron una señal de resistencia federal que se conoció antes de los paneles expositores del evento organizado por la cartera sanitaria nacional, donde se esperaba la presentación formal de la propuesta por parte del ministro Mario Lugones.
La postura fue articulada durante el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), encuentro en el que representantes sanitarios de distintos distritos analizaron la situación del sistema y los alcances de la iniciativa oficial. Allí, las provincias advirtieron que los cambios promovidos por Casa Rosada podrían implicar un retroceso en materia de derechos y en la capacidad estatal para responder a una problemática creciente.
En tanto, el pronunciamiento también estuvo respaldado por datos oficiales relevados a nivel federal. Según indicaron, durante el último año las internaciones vinculadas a salud mental crecieron un 77%, mientras que la atención ambulatoria registró una suba del 134%. A eso se suma la preocupación por el aumento de situaciones relacionadas con el suicidio y por las dificultades de acceso a los tratamientos.
En el documento conjunto, las provincias expresaron su “enérgico rechazo” al proyecto al considerar que “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”. Además, reclamaron la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) para discutir allí cualquier modificación estructural.
Del posicionamiento participaron representantes de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, además de municipios bonaerenses que, reunidos en asamblea, ratificaron su rechazo a la reforma de la Ley, defendieron el Plan Quinquenal provincial y advirtieron que cualquier cambio regresivo o reducción presupuestaria solo agravará la crisis actual.