El Observatorio Político y Social de la Facultad de Humanidades identificó transformaciones estructurales en el sistema de partidos, el financiamiento y las reglas de competencia. El informe señala que la reforma electoral reconfigura los incentivos democráticos en favor de quienes la impulsan.
El proyecto de reforma política y electoral enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado en abril no es una simple actualización de reglas de juego. Esa es la conclusión central del informe elaborado por el Observatorio Político y Social (OSPO) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que analizó en detalle cada uno de los ejes del proyecto y advirtió que sus efectos redistribuirán poder político entre los actores del sistema.
“Todo cambio en las reglas del juego democrático produce efectos redistributivos, pues supone potenciales ganadores y perdedores, al tiempo que plantea incentivos diferentes según las normas que se implementen”, sostiene el estudio.
Menos partidos, más requisitos
Uno de los ejes centrales de la reforma apunta a endurecer las condiciones de existencia de los partidos políticos. Actualmente, para mantener la personería jurídica se requiere el 0,4% del padrón electoral del distrito, con un tope de un millón de electores. La propuesta eleva ese umbral al 0,5%, duplica el tope a dos millones de electores y exige presencia en diez distritos, en lugar de los cinco actuales, más el 0,1% del padrón nacional. El umbral de votos para conservar la personería en dos elecciones consecutivas también sube, del 2% al 3%.
El informe del OSPO considera esta parte de la reforma como la más defendible en términos sistémicos. En la Argentina conviven hoy 714 partidos subnacionales y 45 nacionales. El estudio señala que “resulta difícil sostener que esta dispersión sea funcional para una democracia de calidad”, ya que genera confusión en el electorado y complejiza los procesos decisorios. La reducción del número de fuerzas, en ese sentido, podría favorecer coaliciones más sólidas y una oferta electoral más legible para la ciudadanía. Sin embargo, el mismo análisis advierte que el alza de requisitos también puede limitar la participación de fuerzas nuevas o minoritarias que aún no tienen escala pero sí representatividad real en sus territorios.
La eliminación de las PASO y
el regreso del poder a las cúpulas
Suspendidas en 2025, el proyecto enviado al Congreso buscará la eliminación definitiva de las PASO. En su reemplazo, cada partido definiría sus candidatos según sus propias cartas. El OSPO advierte que esto representa una devolución del poder de decisión a las conducciones partidarias, con consecuencias asimétricas según el espacio político de que se trate.
El argumento del informe es: “El ejercicio del poder tiende a ordenar las filas propias”. Dicho de otro modo, la eliminación de las PASO afecta más a los espacios opositores, que suelen tener tensiones internas que las primarias permitían resolver sin fracturas visibles. Para el partido gobernante, en cambio, la reforma elimina una herramienta que no necesita. El resultado proyectado por los investigadores es un incentivo a las escisiones opositoras y un cierre de la política hacia los aparatos, en un momento en que la sociedad ya muestra un profundo desencanto con la representación.
Financiamiento: del 2% al 35%
La reforma elimina los topes máximos de gasto en campaña y eleva el límite de aportes de personas jurídicas del 2% al 35%. En paralelo, desaparecen los espacios gratuitos en medios audiovisuales que el Estado garantizaba a los partidos.
El OSPO plantea dos riesgos concretos. Por un lado, que “un pequeño grupo de financistas se adueñe de un partido”, concentrando la influencia económica sobre las decisiones políticas. Por otro, que la eliminación de los espacios estatales en medios genere incentivos para el ingreso de capitales de origen no declarado. El resultado proyectado es, en palabras del informe, “un sistema con rasgos marcadamente oligárquicos”, especialmente en un esquema donde las cúpulas, no la ciudadanía, ya recuperarían el poder de definir candidaturas.
BUP, debate presidencial y parlamentarios del Mercosur
La Boleta Única de Papel, estrenada en las elecciones nacionales de 2025, se expandiría para incorporar categorías provinciales y municipales en la misma boleta. Además, se incluiría un casillero de “lista completa”.
El informe señala que esta última opción facilita la emisión del voto en distritos donde se renuevan entre 9 y 11 cargos, pero también que puede reproducir el llamado “efecto arrastre” que caracterizó a la vieja boleta sábana.
Por su parte, el debate presidencial, obligatorio desde 2016, quedaría eliminado. Sin una justificación desarrollada en el proyecto, el OSPO registra el cambio sin pasar por alto lo que implica: quitar un espacio de exposición pública institucionalizado que, más allá de sus limitaciones, ponía a los candidatos frente al mismo escenario y los mismos criterios.
En cuanto a los parlamentarios del Mercosur, los 19 representantes elegidos por distrito único nacional ya no serían votados directamente, se calcularían de manera proporcional a los resultados de las elecciones de Diputados Nacionales. El informe advierte que esta modificación “resta una herramienta a la sociedad para premiar o castigar a sus representantes” y convierte a esos cargos en meros “reflejos electorales” de la Cámara Baja.