La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el pasado jueves la cautelar que frenaba la Ley de Modernización Laboral. Los trabajadores embarcados de Mar del Plata, quedan excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo y remitidos a normativas de la época de Onganía. Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, explicó en diálogo con el Retrato qué significa esto en la práctica.
El jueves 23 de abril la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La cautelar, impulsada originalmente por la CGT mediante un amparo, era el único escudo judicial que frenaba la aplicación inmediata de la norma. Con su caída, la ley cobró plena vigencia. Para el sector pesquero marplatense, es concreto y los trabajadores embarcados quedan formalmente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y pasan a regirse por la Ley de la Navegación, un cuerpo normativo de 1973 que a su vez remite a regulaciones de la dictadura de Onganía.
Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, caracteriza este movimiento como “una modernización laboral que nos lleva 60 años para atrás”.
El retroceso
El secretario general del SIMAPE desmintió el argumento de que la LCT era una ley vieja y obsoleta. “Es mentira. Esa ley la hizo un marplatense, Centeno, en el año 74, tuvo las modificaciones habidas y por haber y es una de las mejores leyes del mundo en términos laborales”, afirmó. La LCT convivió durante cinco décadas con la Ley de la Navegación como piso mínimo de derechos. La reforma rompe ese equilibrio: “En el caso del personal embarcado, nos sacan afuera de esa ley”.
Trueba puso un ejemplo que resume el impacto: “Tuvimos a bordo de un barco a un tripulante al que le agarró un ACV. Por la Ley de Contrato de Trabajo, el hombre hoy se está recuperando en su casa, cubierto por la ley, y le están pagando el promedio de los salarios que tenía como si estuviese trabajando. Si hubiésemos estado en esa Ley de la Navegación pura y exclusivamente, como dice esta reforma, este hombre no cobra nada”.
El aguinaldo es otro punto de quiebre. Bajo la LCT, el trabajador percibe la mitad del mejor salario en junio y diciembre. Bajo la Ley de la Navegación, “te van a pagar la doceava parte de lo que hayas generado cada mes, y el mes que no generaste nada, no vas a cobrar nada, además, lo vas a cobrar a fin de año”. A eso se suma la desprotección por embarazo, garantizada en la LCT pero inexistente en la Ley de la Navegación, y la posibilidad de que los armadores reduzcan la dotación de los barcos por debajo de lo pactado en convenio: “Un armador si puede salir con uno o dos tripulantes menos, lo saca al barco, pero la fuerza de trabajo a bordo no te la reemplaza ninguna inteligencia artificial”, advirtió.
La trampa de la ultraactividad
Uno de los mecanismos silenciosos pero más peligrosos de la reforma es la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Antes, si un convenio vencía sin que hubiera acuerdo de uno nuevo, el viejo seguía vigente hasta que las partes llegaran a un entendimiento. Con la reforma, esa protección desaparece: “Si no renovás el nuevo, el convenio cae y queda en un acuerdo de partes entre empleador y empleado. En esa relación, el más débil siempre es el trabajador en todas partes del mundo”, señaló Trueba.
El cuadro se completa con otra restricción: “Si me quiero quejar porque me hacen un vacío y digo: voy a hacer una huelga. Tampoco puedo hacer huelga. Ahí te aclara la encerrona de cómo es”.
La zona gris y el escudo temporal
Por el momento existe un margen de protección acotado. Los convenios colectivos vigentes, que hacen referencia explícita a la LCT, tienen un año más de ultraactividad garantizada. Es decir, hasta que esos convenios venzan, los armadores no pueden aplicar la nueva normativa en forma directa.
Ya hubo un caso en el sur donde un empresario intentó imponer contratos individuales de ajuste anticipándose a la reforma, pero la vigencia de los convenios lo dejó expuesto a futuras demandas judiciales.
El momento de verdad llegará, según anticipó el propio Trueba, cuando en diciembre los armadores intenten liquidar el aguinaldo bajo las nuevas reglas.
La estrategia judicial
El SIMAPE presentó su propio amparo tres días después del de la CGT, específicamente orientado a la exclusión del personal embarcado de la LCT. El expediente recibió un dictamen favorable de la Fiscalía de Estado en el juzgado de Mar del Plata, pero por cuestiones procesales fue reasignado al juez Ojeda, quien ahora debe resolver si otorga o no una nueva cautelar para el sector.
Sobre el poder de presión del Ejecutivo sobre la Justicia, para que la ley permanezca en vigencia, el dirigente expresó: “A la presión del Ejecutivo miedo no le tengo, vamos a seguir peleándola. La justicia tiene que ser independiente. En ninguna parte del mundo se piensa que una ley como esta va a generar más puestos de trabajo, no se generan puestos si no hay inversión”