La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal convoca a una jornada de acción directa no violenta este domingo 26 de abril a las 16 horas en Playa Redonda, en rechazo a la adjudicación de la Unidad Turística Fiscal a Santiago de Compostela 1943 SA. La movilización llega en simultáneo con una victoria judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata hizo lugar a un amparo por acceso a información pública sobre la licitación de Playa Dorada y condenó en costas al municipio, exponiendo un manejo documental que el propio fallo califica de jurídicamente reprochable.
La convocatoria del 26 de abril, prevista en el kilómetro 544 de la Ruta Provincial 11, apunta a visibilizar el conflicto, exigir transparencia en los procesos administrativos y resistir lo que la Asamblea describe como una avanzada sobre el patrimonio natural colectivo: “Se pretende entregar uno de los últimos sectores costeros libres a un modelo que ya demostró ser extractivo, excluyente y ambientalmente perjudicial. No es desarrollo: es apropiación del territorio”, expresó la organización.
La adjudicación que motiva la protesta favoreció a Santiago de Compostela 1943 SA, firma vinculada al publicista Roberto Fiocca, quien registra una condena penal por peculado en la megacausa del Astillero Río Santiago (admitida mediante juicio abreviado en 2023) y un historial de irregularidades en otras unidades turísticas fiscales de la zona.
El proceso licitatorio también es cuestionado. Ambos oferentes del segundo llamado habían sido rechazados en el primero, y la adjudicación avanzó sin que se completaran los estudios de impacto ambiental, arqueológico y paleontológico que el tipo de intervención exige.
El fallo que obliga al municipio a mostrar el expediente
En paralelo, la Asamblea cosechó un triunfo judicial en la causa vinculada a Playa Dorada, la UTF conocida como Paradise, donde organizaciones locales habían recurrido al amparo tras recibir información incompleta sobre el proceso licitatorio. Hace tiempo se venía denunciando que el decreto municipal que habilitó la concesión a la empresa Desarrolladora Homs S.A. es nulo porque viola normas ambientales y carece de mecanismos de participación ciudadana
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 hizo lugar a la acción y ordenó a la Municipalidad poner a disposición la totalidad del expediente administrativo en un plazo de 15 días. Las costas fueron impuestas al municipio, bajo el criterio de que la entrega parcial o defectuosa de información equivale a una denegación ilegítima.
Según la sentencia, la documentación entregada fue fragmentada, desordenada y sin correlatividad, incumpliendo estándares básicos de gestión documental. El juez señaló además inconsistencias graves, entre ellas, la imposibilidad material de que los actores hubieran accedido a documentos que aún no existían al momento de la supuesta consulta.
Desde la Asamblea precisaron el alcance de la victoria: “La gravedad de que no hayamos contado con la información completa es que no sabemos si hay o no hay estudio de impacto ambiental, estudio paleontológico, estudio de impacto arqueológico. Ahora vamos a ver también cómo va a ser el tratamiento de las aguas”, indicó la organización. El municipio puede apelar la sentencia, aunque desde la Asamblea consideran que no le conviene hacerlo dado el resultado previsible.
Un patrón que se repite
Los dos frentes abiertos, Playa Redonda y Playa Dorada, forman parte de un conflicto más amplio sobre el modelo de gestión del litoral sur. De las siete Unidades Turísticas Fiscales que existían en la zona, la Asamblea logró frenar judicialmente varias adjudicaciones cuestionadas. El denominador común es siempre el mismo, pliegos confeccionados exclusivamente en el Ejecutivo sin intervención del Concejo Deliberante ni participación ciudadana, criterios de evaluación que premian la inversión sobre la sustentabilidad, y una cadena de irregularidades que se repite en cada proceso sin consecuencias para los operadores. Sin embargo, el fallo sobre Playa Dorada agrega un elemento nuevo, ahora hay jurisprudencia local que establece que ocultar información ambiental tiene costo judicial. La Asamblea anticipa que usará ese precedente en los frentes que siguen abiertos.