Comenzó como pintadas y mensajes intimidatorios en colegios secundarios y derivó en una crisis que ya suma más de 30 denuncias en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se extendió a escuelas primarias y dejó al sistema educativo marplatense en estado de alerta. SUTEBA exige una respuesta intersectorial urgente y cuestiona la inacción del municipio. La Mesa “Escuelas Libres de Violencias”, creada por ordenanza, todavía no pasa del debate.
Parecía un reto viral circunscripto a los secundarios, pero se fue ampliando con una velocidad que tomó por sorpresa a las autoridades educativas y judiciales. Los mensajes con referencias a tiroteos, las pintadas en paredes y los carteles con imágenes de armas se multiplicaron en distintas instituciones de Mar del Plata, tanto de gestión pública como privada, hasta superar las 30 denuncias radicadas ante la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
La novedad de las últimas horas es que el fenómeno ya alcanzó a establecimientos de nivel primario, donde concurren niños de hasta 12 años, cuando hasta comienzos de esta semana todos los registros correspondían a colegios secundarios.
En toda la provincia de Buenos Aires se contabilizan más de 1.000 denuncias por hechos similares, con el partido de La Matanza al tope con más de 200 casos. La hipótesis que sostiene la Fiscalía General es que los episodios están vinculados a comunidades digitales violentas que operan en redes sociales y fomentan este tipo de conductas entre adolescentes.
Una familia que deberá pagar más de tres millones de pesos
Uno de los episodios de mayor impacto fue la amenaza de bomba registrada en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, del barrio Don Bosco, que obligó a evacuar el edificio y desplegar un operativo policial completo. La institución suspendió clases, radicó la denuncia correspondiente y en pocas horas identificó el número desde el que se realizó la llamada. El resultado fue un allanamiento en el domicilio del autor y una consecuencia económica concreta para la familia, que deberá abonar más de 3.000.000 de pesos en concepto de costos del operativo de seguridad.
Fue el segundo episodio de ese tipo en menos de una semana, tras el que afectó a la Escuela Técnica N° 2. Como medida inmediata, el Comité de Emergencia del establecimiento resolvió prohibir el ingreso de celulares y mochilas. Los alumnos deben concurrir con carpeta, cuaderno de comunicaciones y cartuchera pequeña a la vista o en bolsa transparente. El jueves quedó destinado a una jornada de convivencia obligatoria para, según el comunicado institucional, “seguir construyendo acuerdos y sostener a la escuela como territorio de paz”.
La Fiscalía General ya había anticipado que ante este tipo de hechos reclamará a la Fiscalía de Estado bonaerense que exija a los padres de los responsables el reintegro de los costos operativos. Además del menor ya identificado en la Piazzolla, hay otros tres adolescentes en proceso de notificación.
“La violencia no es de la escuela, sino que llega a la escuela”
Bárbara Ochoa, secretaria adjunta de SUTEBA Mar del Plata, en diálogo con el Retrato ubicó el problema en su contexto: “La violencia no es de la escuela, sino que llega a la escuela a través de la violencia social en la cual estamos inmersos todos los días”. Para el gremio, la respuesta no puede limitarse al ámbito educativo. “La escuela no puede sola. Y eso tiene que quedar claro: no solo no puede sola, sino que no debe hacerlo sola”, remarcó.
El reclamo de SUTEBA apunta a la conformación de mesas intersectoriales con participación del Consejo Escolar, el Colegio de Trabajadoras Sociales, sindicatos, fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y organismos de salud. La crítica al municipio fue explícita: “Desde el municipio tampoco forman parte de estas mesas y tampoco se les ven muchas ganas de participar. Sabemos que este gobierno municipal está más alineado con una creencia de romper el Estado, de destruirlo. Por lo tanto, deja sola a las personas que necesitan de esos cuidados”, señaló Ochoa.
La Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias” existe formalmente desde la sanción de la Ordenanza N° 21.017/25 y celebró su primera jornada oficial el 9 de abril de 2026 en el recinto del Concejo Deliberante. Integra a autoridades educativas, sindicatos docentes, el Fuero Penal Juvenil, fuerzas de seguridad y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus ejes declarados incluyen la sistematización de casos, la unificación de protocolos de intervención y el acompañamiento a equipos directivos.
Sin embargo, Ochoa evalua su funcionamiento real como insuficiente y que “se está quedando solo en debate”. La dirigente reconoció que la articulación con las familias es también un desafío estructural: “Hoy en día trabajan todos: mamá, papá, tío, abuelo, y muchas veces es difícil poder articular y trabajar”, señaló, aunque insistió en que eso no puede ser excusa para la inacción institucional.
Redes sociales y la dimensión digital del problema
Uno de los puntos que Ochoa subrayó con particular énfasis es la dimensión digital de la crisis, un territorio que los adultos no transitan y que, según advierte, carece de regulación efectiva. “Hay que abordar lo digital de manera seria, con personas que se ocupen de esto. Existen redes que fomentan la violencia a nuestros pibes y nosotros como adultos no lo vemos”, afirmó.
Sobre la judicialización y las multas millonarias como mecanismo disuasorio (como en Astor Piazzola), Ochoa reconoció que ponen en evidencia las consecuencias reales de estos actos, pero insistió en que no abordan el fondo del problema.
La semana que viene habrá nuevas definiciones. La mesa intersectorial tiene pendiente una segunda convocatoria y la Fiscalía continúa sumando expedientes. Lo que está claro, por ahora, es que las escuelas de Mar del Plata están solas frente a un problema que las excede.