El Sindicato de Vendedores Ambulantes se movilizó este miércoles frente al Palacio Municipal en reclamo por el operativo del 15 de abril que demolió más de 170 estructuras en la Rambla de Mar del Plata y dejó a cerca de 330 familias sin trabajo. Walter Rivero, referente del gremio, exigió una mesa de diálogo. La protesta, postergada desde el lunes por “cuestiones climáticas”, coincidió en el microcentro con reclamos de médicos del PAMI y prestadores de servicios de discapacidad
El secretario general de Sivara, Walter Rivero, refutó la “ocupacion ilegal” sostenida incluso por el intendente Neme: “La ocupación siempre fue legal, fue legítima. La feria siempre caminó de la mano de los municipios. Hemos hablado con Fernando Muro, con Selena Marinelli, con Cardoso y con muchísima gente del municipio sobre esa feria. Ellos no nos desconocen”, afirmó en diálogo con el Retrato.
Rivero sostuvo que el gremio había presentado dos propuestas de regularización ante el Ejecutivo. Una adaptación a la ordenanza de ferias móviles y la reactivación de una licitación a través de una mutual. Ambas estaban en proceso de discusión. “Siempre hubo diálogo entre el municipio, el sindicato y los trabajadores. Por eso no entendemos por qué actuaron de esta manera”, señaló.
La orden que no alcanzaba para demoler
Sobre la base legal del operativo, Rivero especificó que “no había una orden de desalojo y demolición. Sí una orden de allanamiento e incautación de mercadería en imitación de marcas. Creo que las cosas se hicieron a la noche porque si llegábamos a la mañana siguiente, legalmente podríamos haber defendido la feria y buscado un camino de regulación”.
El operativo se ejecutó con un despliegue que Rivero calificó como desproporcionado: “Nosotros nunca fuimos violentos, siempre nos manifestamos de forma pacífica”, remarcó. También denunció que su domicilio fue allanado en dos oportunidades consecutivas y que entre los bienes incautados había ahorros de sus hijos.
El canon, la administración interna y lo que se resolverá en la justicia
Consultado sobre los cánones millonarios que los propios feriantes habían denunciado (hasta $1.500.000 por puesto en temporada alta) Rivero eligió no profundizar: “Yo no le cobré a nadie. Ahí la feria tiene una administración interna que eso se tiene que aclarar en la justicia. Estoy tranquilo de que no le saqué plata a nadie”. Cuando se le preguntó si podía clarificar el circuito de cobros, la respuesta fue la misma: “Lo vamos a clarificar en la justicia. No quiero entorpecer. Acá se busca dar prensa a toda la difamación que hicieron en mi contra para tapar el atropello que se hizo con esta gente”.
La tensión entre el gremio y un sector de los feriantes, que manifestaron abiertamente no querer representación de Sivara, es un punto que no puede dejar de llamar la atención. Sin embargo, Rivero, no corresponde esa conducta al accionar del sindicato: “Muchos han llamado a la gente metiéndoles miedo, diciéndoles que les convenía ir en contra nuestra. Nosotros estamos tranquilos. El sindicato tiene las puertas abiertas para toda la gente que quiera ser parte”.
El miedo entre los feriantes
Más allá del caso de La Saladita, Rivero confirmó que el temor se propagó entre quienes trabajan en otros espacios informales de la ciudad, como los feriantes de Plaza Rocha y los vendedores callejeros del centro. “Han salido a decir que la feria Rocha iba a volar, que los compañeros que trabajan en la calle desde hace muchísimos años iban a ser lo siguiente. Lo que queremos evitar es el atropello. Estamos dispuestos al diálogo”, señaló.
Según asegura Rivero, el gremio nuclea a cerca de mil familias que trabajan en la vía pública bajo distintas modalidades. Y que “están empujando a que haya más gente durmiendo en la calle para después sacarlos a palazos y festejar”