La ciudad se sumará a la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el sistema universitario nacional en rechazo al incumplimiento de la ley de financiamiento. Docentes, estudiantes y autoridades de la UNMdP volverán a movilizarse en un escenario signado por la caída del salario, el congelamiento de las becas y el reclamo de ejecución inmediata de una norma ya respaldada por la Justicia.
Mar del Plata volverá a ser una de las sedes de la Marcha Federal Universitaria. La cuarta edición de la convocatoria nacional fue fijada para el martes 12 de mayo y tendrá réplica en la ciudad con la participación de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en un contexto que docentes y estudiantes describen como crítico por el deterioro presupuestario y salarial que atraviesa al sistema.
La medida fue consensuada a nivel nacional entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades públicas y las organizaciones gremiales del sector, y encuentra su eje principal en la negativa del Gobierno nacional a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente respaldada por resoluciones judiciales.
Una nueva marcha
La del 12 de mayo será la cuarta movilización federal desde el inicio de la disputa presupuestaria con la administración de Javier Milei. La primera tuvo lugar el 23 de abril de 2024, la segunda el 2 de octubre de ese mismo año y la tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en una convocatoria que en Mar del Plata también había expresado el rechazo al ajuste sobre la salud pública.
Esta vez, el centro del conflicto no pasa sólo por la insuficiencia presupuestaria general, sino por el incumplimiento de una ley específica que ordenó mecanismos de actualización para evitar el deterioro del salario de docentes y nodocentes, así como de las becas estudiantiles, en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Ese incumplimiento, además, ya fue objeto de intervención judicial. En dos instancias, la Justicia ordenó al Gobierno avanzar con aspectos sustanciales de la norma. Pese a ello, la ejecución sigue sin materializarse. El planteo de fondo del oficialismo se apoya en el decreto mediante el cual promulgó la ley, pero suspendió su vigencia al sostener que no se explicitó una fuente de financiamiento, argumento que continúa bajo discusión en el expediente.
El impacto local
Desde Mar del Plata, la secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, confirmó la adhesión local y enmarcó la movilización en una defensa integral del sistema universitario público. “En Mar del Plata también vamos a marchar el 12 de mayo. Por las universidades públicas, por la ciencia y la tecnología soberanas”, afirmó en diálogo con el Retrato.
La dirigente advirtió que la falta de ejecución de la ley ya tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de la universidad. “Salarios muy deprimidos que empujan a docentes a abandonar la actividad y becas congeladas en 35 mil pesos desde hace dos años. Está en riesgo el derecho a la educación”, sostuvo.
En el ámbito universitario, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la desactualización de los programas de asistencia estudiantil vienen siendo señaladas desde hace meses como dos de los factores más visibles del ajuste. En el caso de las becas, el monto de $35.000 aparece completamente desacoplado del costo real de sostener una trayectoria académica, en especial para estudiantes que deben afrontar alquiler, transporte y materiales de estudio.
En paralelo, la merma salarial entre docentes y nodocentes empieza a impactar sobre la continuidad de las tareas académicas, de investigación y de extensión. La advertencia sobre una eventual migración o abandono de la actividad por parte de trabajadores del sistema ya forma parte del diagnóstico compartido por distintos sectores universitarios.