Prestadores, transportistas e instituciones volvieron a movilizarse frente a la Municipalidad de Mar del Plata para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El reclamo central es el mismo de hace un año: aranceles congelados, pagos que llegan con meses de retraso y un nomenclador que no cubre los costos operativos. Detrás de cada número hay personas con discapacidad que ya ven reducidos sus servicios, sus traslados y sus terapias.
No es la primera vez que se juntan frente al Palacio Municipal. Tampoco será, temen muchos de ellos, la última. Prestadores de salud, directivos de centros de día, responsables de hogares y transportistas de personas con discapacidad volvieron a concentrarse este miércoles en Mar del Plata para exigir al Gobierno nacional que ponga en marcha la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso y aún sin implementación efectiva. El diagnóstico que surge de los testimonios recogidos en diálogo con El Retrato es uniforme y grave: el sistema está al límite, y en varios puntos ya lo superó.
“Sacando plata de otros lados”
María de los Ángeles Videla, directora del centro de día Sol Creciendo, describe lo que significa operar en ese contexto. La institución atiende a 56 personas con discapacidad de lunes a viernes, de 9 a 17, y cuenta con 26 profesionales, técnicos y auxiliares que necesitan cobrar sus honorarios. El problema es que las obras sociales no pagan en tiempo ni en valor.
“Venimos entre la falta de aumento de los aranceles y la demora en los pagos, y cuando te pagan, te pagan el período de hace 4 o 5 meses atrás, no es que te están pagando el mes anterior”, sostuvo Videla. El desfasaje según la obra social oscila entre 1 y 8 meses de atraso. El resultado práctico es que la institución sostiene el servicio con recursos que no provienen de las prestaciones: “Nosotros por ahora venimos manteniendo el servicio y la calidad, pero sacando plata de otros lados, porque no se puede mantener con el pago de las obras sociales”, admitió.
Que ese esquema tiene un techo lo saben todos. “Peligra el servicio si se continúa así”, reconoció la directora, y señaló que otras instituciones ya tomaron decisiones que Sol Creciendo intenta evitar: “Hay instituciones que en vez de 5 días a la semana están 3 o 2, o menos horas. No les están brindando el servicio que las personas con discapacidad necesitan”.
Transportistas sin combustible
Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, agrega otra capa de urgencia. Además de la falta de pagos, “ya tenemos colegas que no pueden salir a la calle, no tienen para combustible directamente”, afirmó.
El atraso en los pagos y autorizaciones que directamente no llegan. “Hay autorizaciones que se emitieron presupuestos y están siendo trasladados desde el primer día hábil del mes de enero hasta el día de hoy”, detalló Goldar. Eso significa que hay traslados realizados en 2026 que aún no fueron autorizados ni facturados. A eso se suma un valor arancelario del kilómetro que, según el propio referente, “es muy por debajo de poder llegar a cubrir los costos operativos”, mientras el combustible acumula aumentos que el sector no puede absorber.
Esto se ve en casos concretos, como con los alumnos de la escuela especial 510 que desde marzo no tienen transporte. Y Goldar advierte que la situación se agravará: “Como estamos no se llega a fin de año, claramente no”.
“Ya estamos con la soga colgando”
Silvina López, es referente del hogar Dar Más, un centro de día que opera los 365 días del año, las 24 horas, porque es la casa de los jóvenes que allí viven. “Vos hablas del precipicio y yo te diría que ya estamos con la soga colgando, porque lamentablemente no llegamos a poder pagar los sueldos al 30 de abril de este mes, ya no llegamos”, afirma.
López sitúa el atraso promedio en 6 meses de deuda, y advierte que ya hay centros de día en Mar del Plata que cerraron, y otros que redujeron su jornada a dos o tres días semanales.
En los hogares, esa reducción no es posible. “La comida sobre la mesa hay que ponerla todos los días, la medicación hay que darla todos los días. Magia, estamos haciendo magia”, resumió.}
Sobre la posible reforma del marco legal, el decreto 681 postergó la implementación de la ley de emergencia y se discute un nuevo proyecto, López expresó: “Tenemos muchísimo miedo a que este nuevo proyecto de ley eche por la borda todos y cada uno de los puntos que estuvimos trabajando durante 30 años por los derechos de las personas con discapacidad”. En particular, la posibilidad de eliminar el nomenclador nacional para que cada provincia u obra social fije sus propios valores le genera alarma: “Es totalmente vulnerar los derechos, porque hay muchas personas que no tienen dinero, no van a poder pagar las prestaciones y lamentablemente retrocedemos 30 años”.
Los prestadores anunciaron que el viernes realizarán una conferencia de prensa para definir los próximos pasos, que dependerán en parte de lo que ocurra a nivel nacional con la reforma de la ley.