El paisaje cotidiano de la feria alimenticia de San y Luro ubicada en un sector de la Estación Ferroautomotora, que durante seis años ha sido el sostén de trabajadores y el alivio para el bolsillo de los vecinos, se ha transformado en un escenario de angustia y sospechas.
Detrás de los puestos de alimentos, no solo hay mercadería; hay un drama humano que significa dejar a 15 familias sin su único sustento directo y afectar a otras 70 personas que dependen de la actividad indirecta del lugar. Lo que hasta hace poco era un espacio de encuentro y nutrición saludable, hoy es el epicentro de un conflicto donde la informalidad administrativa y las sombras de la política parecen dictar el destino de los trabajadores.
La crisis estalló de una manera tan moderna como desconcertante: a través de un mensaje de WhatsApp. Sin cédulas oficiales, sin expedientes formalmente notificados y sin un proceso administrativo que respete el derecho a la defensa, los feriantes recibieron la orden de desalojo.
“Es algo insólito, me han intimado a través de un WhatsApp; no hay una cédula oficial, nada por el momento. Recibimos una visita de 16 inspectores para solo tres puestos, venían con un ímpetu diferente, ya con la faja de clausura en la mano antes de pedir cualquier papel”, relató con indignación afirmó Cristian Alessandroni (Foto) , uno de los referentes del espacio.
Un operativo desmedido y la sombra del revanchismo
La escena descrita por los trabajadores roza lo cinematográfico. El jueves pasado, una comitiva exagerada de inspectores desembarcó en la feria con una actitud que los feriantes califican de hostil. A pesar de haber exhibido toda la documentación sanitaria y personal requerida, avalada por más de 30 años de experiencia de sus responsables en la industria alimenticia, la decisión de clausurar parecía tomada de antemano.
La sospecha de una “intencionalidad política” sobrevuela cada puesto. Los feriantes aseguran que, durante el operativo, se escucharon comentarios cargados de ironía sobre la relación con el gobierno provincial y el uso de beneficios como los reintegros bancarios. “Nosotros no estamos en la política partidaria, somos una feria de alimentos, pero nos cayeron mal los comentarios de funcionarios que vinieron a pedirle asistencia al gobernador; parece un revanchismo donde quieren demostrar quién manda más, pero en el medio quedamos nosotros”, afirmaron los trabajadores, quienes se sienten rehenes de una disputa de poder ajena a su labor diaria.
El impacto en la economía barrial
No se trata solo de un conflicto entre privados o entre el Estado y particulares. El cierre de la feria golpea directamente a una población vulnerable: la tercera edad. Gracias a los convenios de reintegro, los vecinos acceden a productos básicos con un 40% de descuento diario, un beneficio vital en tiempos de crisis económica. El pasado sábado, un abrazo simbólico de los vecinos dejó claro que la comunidad no quiere perder este espacio.
Incluso las autoridades de la terminal ferroautomotora, que según algunos rumores se sentían perjudicadas por la feria, se acercaron para desmentir cualquier queja y brindar su apoyo. “La gente mayor verá su economía fuertemente impactada al quitar este beneficio; aquí pueden acceder a nutrición saludable a precios que no existen en otro lado, y los mismos vecinos se acercaron a decirnos que desde ellos no nace ningún tipo de reclamo, todo lo contrario”, destacaron los puesteros mientras muestran los precios que defienden con orgullo.
Resistencia frente a un futuro incierto
A pesar de la falta de respuestas claras por parte del área de empleo y la municipalidad, los feriantes han decidido resistir. Han presentado notas exigiendo explicaciones que nunca llegan y recursos para frenar lo que consideran un atropello a su derecho al trabajo. El plazo límite, extendido precariamente por diez días más, se agota este miércoles, día en que la actividad debería cesar según la comunicación informal recibida.
La falta de un plan de traslado o una propuesta superadora por parte de la comuna aumenta la sensación de desamparo. Los trabajadores sospechan que el terreno, ubicado en una zona estratégica de constante renovación urbana (NdR: El lugar de la ex Tienda Los Gallegos será ocupado por un Arenma musical) podría estar siendo codiciado para emprendimientos de entretenimiento masivo que consideran al alimento como una “imagen que afea el lugar”. “No hubo un plan de traslado ni una propuesta; parece que el alimento no es la imagen que quieren mostrar para esta zona, pero somos 15 cabezas de familia que nos quedamos en la calle sin que nadie nos haya dado una alternativa real o una explicación lógica”, sentenciaron.
Con el miércoles como fecha de caducidad, la feria se mantiene en pie, sostenida por la solidaridad de los clientes y la convicción de quienes llevan siete años construyendo un servicio para la comunidad.
La pregunta que queda en el aire es si el municipio priorizará el diálogo y la protección del trabajo, o si la “intencionalidad política” terminará por apagar definitivamente los motores de estas 15 familias.