La situación 30 familias que trabajan en la Unidad Turística de Chapadmalal atraviesa horas críticas. Un reciente fallo judicial ordena que trabajadores estatales abandonen las viviendas que ocupan dentro del predio, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. El conflicto, que se inscribe en un proceso más amplio vinculado a la posible concesión de estos espacios, genera preocupación tanto en los gremios como en los propios empleados.
Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE en el sector Turismo, relató cómo se desencadenaron los hechos y denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales. “Nosotros cuando nos enteramos, fue porque un jefe administrativo nos avisó que iban a llegar supuestas cartas documento, le mandamos una nota a Scioli y a Adorni, intimando que nos respondan sobre ese posible desalojo, pero no nos contestaron”, explicó.
La notificación formal llegó días después, pero no desde el área de Turismo sino desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Después nos llegó un acta, con el desalojo ya, pero de parte del AABE. Obviamente nos comunicamos con los abogados de los gremios, que van a presentar cautelares, pero todavía no tenemos respuesta”, detalló Marco Ruiz.
El plazo impuesto para abandonar las viviendas es sumamente acotado. Según indicó la delegada, el aviso fue recibido el 16 de abril y establece un período de diez días corridos. “En teoría el 26 de abril se cumplirían los 10 días, sin darnos ninguna alternativa habitacional. Nada. Y encima metiéndonos presión”, remarcó.
El impacto social de la medida es significativo. Más de 30 familias, unas 90 personas, incluyendo niños, dependen directamente de esas viviendas. En muchos casos, se trata de trabajadores que desempeñan tareas desde hace años en el complejo turístico.
Frente a este escenario, los empleados rechazan la calificación de “intrusos” que figura en la notificación. “Abandonar el lugar no, porque nosotros firmamos actas de compromiso cuando recibimos esas viviendas por razones de servicio. En la carta se nos dirige como intrusos, pero no lo somos. Somos trabajadores de la unidad turística y prestamos un servicio”, sostuvo.
Además, explicó que las viviendas forman parte de un esquema histórico de compensación salarial. “Los sueldos del Estado en Chapadmalal son muy bajos y se compensaban con estas viviendas. No es un capricho que no nos queremos ir, es parte de nuestro trabajo”, agregó.
Los gremios ATE y UPCN ya se encuentran interviniendo en el conflicto, brindando asesoramiento legal y acompañamiento a los trabajadores. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuestas oficiales ni precisiones sobre el futuro del predio.
Otro punto que genera inquietud es la falta de información sobre el proceso de concesión que el Gobierno nacional habría mencionado. “No apareció nadie, no hay interesados visibles. Lo único que sabemos es lo que se dijo públicamente, que se iba a concesionar por 30 años, pero no tenemos ningún dato concreto”, afirmó Marco Ruiz.
La delegada también puso en duda los argumentos oficiales sobre el supuesto estado de abandono del complejo. “Está así porque lo dejaron estar. En la gestión anterior los hoteles se habían arreglado y venía turismo. Hoy, con el poco presupuesto que nos dan, nosotros mismos mantenemos los espacios”, explicó.
En ese sentido, describió el esfuerzo cotidiano de los trabajadores: “Con una sola caja chica, cortamos el pasto, limpiamos, abrimos los hoteles. Los compañeros con machetes tratando de mantener todo en condiciones. Pero sin presupuesto es imposible sostenerlo”.
Advirtió que el desalojo no solo implica la pérdida del lugar físico, sino también la interrupción de sus tareas laborales, afectando de manera directa su sustento diario. “En muchos casos, se trata de familias que residen o desarrollan su actividad dentro del complejo desde hace años” indicó.
El polideportivo de Chadpamalal, otra de las obras abandonadas por el Gobierno y que forma parte de la privatizacion que quieren realizan en las tierras de Chapadmalal
El conflicto no solo pone en juego el futuro laboral de los empleados, sino también el sentido histórico del predio. Las tierras de Chapadmalal fueron donadas por la familia Martínez de Hoz y estaban destinadas al turismo social y el complejo es considerado monumento histórico, lo que abre interrogantes sobre el alcance de cualquier intento de privatización.
Mientras se esperan definiciones judiciales y políticas, las familias permanecen en estado de alerta, decididas a defender su lugar de trabajo y su vivienda en un escenario marcado por la incertidumbre; que se suma a otros focos de tensión laboral en la zona de Mar del Plata, en un contexto económico complejo donde crecen los reclamos por la defensa del empleo y las condiciones de trabajo.