En las últimas horas, autoridades sanitarias de 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones a la Ley de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei, en una señal de fuerte resistencia federal al proyecto que envió Casa Rosada al Senado. El pronunciamiento se conoció en la antesala de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se espera la presentación formal de la iniciativa por parte del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
La postura crítica fue articulada durante el reciente Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), realizado en Mar del Plata el pasado fin de semana, donde el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reunió a representantes sanitarios de casi todo el país para debatir sobre la situación actual del sistema y los alcances de la reforma propuesta por Milei. Allí, casi todos los gobernadores del país coincidieron en advertir que los cambios planteados por Nación podrían significar un retroceso en materia de derechos y en la capacidad de respuesta estatal frente a una problemática creciente.
En tanto, el encuentro tuvo lugar en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda en salud mental. Según datos oficiales relevados a nivel federal, durante el último año las internaciones vinculadas a esta área crecieron un 77%, mientras que la atención ambulatoria registró una suba del 134%, cifras que encendieron alarmas entre los ministros y secretarios provinciales, que además señalaron una “profunda preocupación” por el incremento de situaciones vinculadas al suicidio y el deterioro en las condiciones de acceso a la atención.
En ese marco, las provincias emitieron un documento conjunto en el que manifestaron su “enérgico rechazo” al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en el que expresaron que la iniciativa nacional “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.
Al mismo tiempo, los funcionarios provinciales también cuestionaron que la reforma avance sin un ámbito federal de discusión específico y reclamaron la “urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA)”, organismo destinado a coordinar políticas públicas entre Nación y las provincias. A su entender, cualquier modificación de fondo sobre la legislación vigente debería debatirse en ese espacio institucional y no en el Congreso, como propone la administración libertaria.
En esta línea, las provincias que rechazaron los cambios en la Ley de Salud Mental remarcaron que las problemáticas vinculadas a esta área requieren planificación sostenida y continuidad estatal, y señalaron que “los padecimientos en materia de bienestar emocional tienen impactos de mediano y largo plazo, y requieren políticas sostenidas en el tiempo”, por lo que advirtieron que eventuales recortes presupuestarios o cambios regresivos podrían agravar aún más el escenario actual.
Cabe señalar que, del encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
En paralelo, durante el CoSaPro también se desarrolló una asamblea entre autoridades bonaerenses y representantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se ratificó el rechazo a la reforma promovida por Nación y se respaldó el documento titulado “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”.
Según informaron, la asamblea reafirmó el rumbo del Plan Quinquenal impulsado por la gestión de Axel Kicillof, pidió avanzar en una política provincial de Atención Primaria y sostuvo la defensa de la Ley de Salud Mental “frente a intentos de modificación que implican un claro retroceso y deterioro en la calidad de atención”.
Finalmente, desde los municipios bonaerenses advirtieron que “cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual”, en una definición que se sumó al rechazo expresado por las 18 provincias y que anticipa un escenario de alta tensión política y sanitaria en torno al debate parlamentario que se abrirá en el Congreso.