En un nuevo capítulo que reaviva el debate sobre el uso del espacio público en Mar del Plata, el intendente del Partido de General Pueyrredon, Agustín Patricio Neme, presentó una denuncia penal para que se investigue el funcionamiento de la denominada “Feria de la Bristol”, conocida popularmente como “La Saladita”.
“La presentación judicial apunta a que se activen de manera urgente medidas de investigación ante hechos que podrían configurar maniobras de relevancia penal en un predio de dominio público municipal”, señalaron fuentes oficiales. La denuncia busca esclarecer posibles responsabilidades en torno a un esquema que habría operado durante años sin controles adecuados.
Recordó que la feria, emplazada en la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol, funcionó durante aproximadamente 25 años bajo permisos precarios, que al momento de los hechos denunciados estarían vencidos; y que el caso tomó mayor notoriedad tras los allanamientos realizados el pasado 15 de abril, tanto en el predio como en dependencias del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA), en el marco de una causa federal en curso.
“A partir de estos procedimientos comenzaron a multiplicarse los testimonios de feriantes que describen un sistema de cobros informales, sin respaldo legal ni fiscal”, se desprende de las actuaciones. Las declaraciones exponen un circuito paralelo que operaría al margen de toda regulación.
En su denuncia Neme que se realizaron “cobros millonarios sin respaldo” y que surgen de testimonios que trascendieron públicamente de parte de los feriantes, “quienes afirmaron que abonaban sumas significativas en concepto de alquiler o canon. Los montos variaban según la temporada: alrededor de $800.000 mensuales fuera de temporada, $1.000.000 en períodos intermedios y hasta $1.500.000 en temporada alta, con casos que alcanzarían los $3.000.000 mensuales.”
“Los pagos se realizaban en efectivo, a personas identificadas como ‘cobradores’, sin emisión de facturas ni comprobantes, en un espacio público donde ningún particular tendría facultades legales para percibir estos ingresos”, remarca la denuncia.
Pedido de investigación urgente
“El Ejecutivo municipal solicita avanzar con celeridad, incorporando pruebas periodísticas y material de redes sociales, además de lo ya reunido en la causa federal”.
Reclama que la investigación busque “determinar si existió una organización estructurada destinada a la explotación económica del espacio público en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad”.