En las últimas horas se llevaron adelante operativos conjunto de la Justicia y la Municipalidad que culminó con el desalojo y la limpieza de la denominada feria “La Saladita”, instalada desde hace más de 25 años en la zona de Playa Bristol. La intervención se enmarcó en una investigación vinculada a maniobras de trabajo irregular y posibles delitos económicos, y fue destacada por distintos sectores del comercio formal de la ciudad.
Blas Taladrid , titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) valoró la acción judicial, señalando que “la desarticulación de la feria representa un avance frente a una problemática que había sido denunciada en reiteradas oportunidades”. Recordó que “en junio de 2025 ya se habían presentado reclamos formales ante autoridades nacionales, provinciales y municipales por la proliferación de este tipo de espacios, incluyendo también situaciones similares en Plaza Rocha y en distintos centros comerciales”.
No obstante, desde la entidad se advirtió que “este tipo de intervenciones suelen ser esporádicas y no forman parte de una política sostenida en el tiempo. En ese sentido, se planteó la necesidad de que los controles continúen de manera permanente para evitar la reaparición del comercio ilegal en el espacio público.
Asimismo, se hizo hincapié “en la complejidad social que rodea a estas ferias”, señalando que “ muchas de las personas que trabajaban allí lo hacen en condiciones de alta precariedad, en contextos de vulnerabilidad y bajo esquemas que podrían encuadrarse como fraude laboral”. Según indicaron, detrás de estas estructuras “existen organizaciones que se aprovechan de la falta de oportunidades laborales, exponiendo a los trabajadores a situaciones indignas”.
En ese marco Taladrid remarcó “la importancia de que el Estado, en todos sus niveles, implemente políticas de capacitación e inclusión para quienes hoy forman parte de la economía informal, estimada en alrededor del 50% de los trabajadores del país. El objetivo, sostuvieron, debe ser facilitar el acceso al empleo formal, con derechos laborales plenos, estabilidad, acceso al crédito, vacaciones y una futura jubilación.
Por otro lado, expresó “la preocupación y el malestar de los comerciantes formalmente establecidos, quienes enfrentan altos costos para sostener sus negocios, como alquileres, impuestos y medidas de seguridad”. Contrastó esta situación “con la de los puestos informales, que ocupaban el espacio público sin las mismas obligaciones, generando una competencia considerada desleal”.
Finalmente, el Presidente de UCIP insistió en que “la continuidad de los controles será clave para garantizar condiciones equitativas y proteger al comercio legal, al tiempo que se atiende la dimensión social del problema con políticas de fondo”.