En la madrugada del jueves, más de 350 agentes de fuerzas federales, provinciales y municipales demolieron la feria de la Rambla de Mar del Plata tras un allanamiento por infracción a la Ley de Marcas. Cuatro topadoras y dos camiones arrasaron en horas con un espacio que funcionaba desde hace más de 25 años y del que dependían cerca de 200 familias. el Retrato habló con los feriantes que contemplaban los escombros de su fuente de trabajo.
El operativo comenzó oficialmente el miércoles al mediodía con un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas. Los feriantes, que habían anunciado que resistirían el desalojo, permanecieron en sus puestos desde las 10 de la mañana. A las 11 de la noche, con la mercadería ya incautada y los rumores de demolición circulando entre los pasillos, empezaron a entender que no se trataba de un allanamiento acotado.
A las 2 de la madrugada llegaron los camiones y la maquinaria pesada a plaza Colón. Prefectura Naval y Policía Bonaerense acordonaron el perímetro. Lo que siguió fue la demolición sistemática de más de 170 estructuras instaladas entre la vereda y la arena. Al amanecer del jueves, la Rambla era un campo de chapas retorcidas, maderas astilladas y postes caídos. No quedó un solo puesto en pie.
“A mí no me quedó nada”
Lorena Brito vendía lencería, medias y ropa interior en la feria desde hace años. Cuando el personal de Gendarmería recorrió los puestos incautando mercadería con marcas registradas, ella entregó todo sin resistencia. “Supuestamente era marcas. Todos los que teníamos marcas entregamos todo lo que teníamos. A mí me sacaron todo, me sacaron todos los bóxers. Fue muy triste ver todo eso”, relató en diálogo con el Retrato.
Lo que no pudo prever fue que tampoco recuperaría el resto. Con el puesto ya vacío de mercadería, esperó una señal de que podría llevarse al menos sus pertenencias, los percheros, las estructuras de madera que había comprado con su propio dinero para techarse contra la lluvia. La señal nunca llegó. “Pude sacar las cosas entre las 0:30, 1 de la mañana. No teníamos flete, porque ¿quién va a querer venir a trabajar a la 1 de la mañana cuando está toda la policía?”. Lo que no pudo mover antes de que llegaran las topadoras, quedó bajo los escombros.
Cecilia Ávalo completó el cuadro con los números que pocos conocen desde afuera. En enero, cada puesto de 2 metros por 2 metros costaba un millón y medio de pesos por mes. En temporada alta, quienes tenían dos puestos (la mayoría) pagaban tres millones mensuales. “Acá se movía mucha plata. No vendíamos dos pesos, por eso se podía pagar”, afirmó“
“A alguien no le llegó el sobre…”
La defensa de la UCIP, que celebró el operativo calificando a la feria de “comercio ilegal” que perjudicaba a los comerciantes formales, choca con la descripción que hacen quienes trabajaban adentro. Para Lorena Brito, la pregunta de por qué no abrían un local en la ciudad tiene una respuesta concreta: “Para buscar un local arriba tenés que tener garantía propietaria, tenés que pagar un montón de cosas que acá no se pagan. Y acá se vende mucho más que en un local arriba. Por eso la gente estaba acá”.
La mercadería que vendían era, en su mayoría, producción de La Salada. “Sale más barato ir a comprar a La Salada que ponerse a fabricar. Es la realidad”, sostuvo Brito. Ávalo agregó la lectura política del operativo con una frase que sintetiza la desconfianza acumulada entre los feriantes: “No me vas a decir que ahora se dieron cuenta de lo que pasaba acá. Esto está hace años. A alguien no le llegó el sobre, y la pagamos nosotros”. El verano, reconocieron ambas, había sido difícil. Las ventas cayeron respecto de temporadas anteriores. Pero la feria existía, funcionaba y pagaba sus cánones.
La incertidumbre por el día después
En la mañana de este jueves funcionarios del el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) de General Pueyrredon encabezados Daniel Martínez, y su director ejecutivo Cristian Beneito, se llegaron al lugar para inspeccionar la remoción de los escombros, pero no se acercaron a dialogar con los feriantes que observaban como se llevaban sus últimos “sueños laborales”. Las áreas municipales que colaboraron con maquinaria en el operativo tampoco dejaron un interlocutor. “Hoy los laburantes fuimos el último orejón del tarro”, resumió Brito.
La pregunta sobre qué harán ahora no tiene respuesta todavía. “Hoy tengo que replantearme toda mi vida, irme a vivir con mis papás, con mis hijos y empezar de cero”, dijo Lorena Brito.