En el marco de la causa que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, las declaraciones testimoniales de las ex autoridades de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, Andrea Trueba y Ruth Mosqueda, han arrojado luz sobre la trama detrás de la Ordenanza Municipal que cedió un predio público a la destilería de “Gin Restinga” (BURBARREL S.A.).
Los testimonios habrían confirmado que la sociedad de fomento habría sido utilizada como una “pantalla” para beneficiar a un privado, omitiendo consultas vecinales y desconociendo el valor histórico del sitio vinculado a la Memoria, Verdad y Justicia.
El origen de la nota: “Firmamos en una escribanía”
Uno de los puntos más críticos de la declaración fue el reconocimiento de que la nota que dio inicio al trámite administrativo no fue redactada por la entidad vecinal. Según declararon, las autoridades de aquel entonces concurrieron directamente a una escribanía para rubricar un texto cuyo contenido ni siquiera recordaban con precisión.
Andrea Trueba, presidenta de la Asociación al momento de la presentación, identificó a Matías Iriarte como el “autor intelectual” de la propuesta y admitió la falta de autonomía en el proceso: “Me acuerdo que nos juntamos con la gente de la restinga y firmamos un documento para solicitarlo…”.
Contradicciones y polémicas promesas sociales
Mientras que la nota presentada al Municipio de General Pueyrredon aseguraba que el predio se destinaría a “actividades sociales, culturales y deportivas para la comunidad”, las testigos no pudieron individualizar en que consistían esas actividades ni sus alcances:
• Entrega total: Pese a que el documento oficial hablaba de una cesión “parcial”, Mosqueda declaró: “Se planteó que se iba a armar un espacio de comida en donde había un sendero para caminar hacia la playa y nada más”.
• Falta de conocimiento: Ante la consulta sobre la extensión de lo cedido, Trueba manifestó: “Creo que es todo el predio… No sé si una porción o todo…”.
• Inexistencia de fin educativo: Mosqueda fue tajante al reconocer que “No había una propuesta educativa”, en franca contradicción al contenido de la nota presentada por ante el Municipio rubricada por ella y Trueba.
Opacidad y falta de democracia vecinal
Estas declaraciones confirmarían que el proyecto nunca fue sometido a una Asamblea de Socios ni comunicado a los vecinos del barrio. La propuesta se analizó en “reuniones informales” entre Trueba e Iriarte, como expresamente reconociera la primera en su declaración testimonial.
Asimismo, quedó en evidencia la ausencia de beneficios reales para la asociación: el supuesto canon de 3 millones de pesos propuesto por la Asociación Vecinal en su nota, luego asumido en el convenio por Burbarrel SA., muestra una coincidencia de montos que implican la inexistencia de contraprestación para el ente fomentista pese a las necesidades que describiera Trueba.
Centros Clandestinos de Detención
Finalmente, las testigos admitieron que la Asociación Vecinal no realizó ninguna verificación previa sobre el carácter del predio como parte integrante del circuito de Centros Clandestinos de Detención.
Trueba señaló que de su parte “no había hecho averiguaciones” sobre el vínculo del predio con violaciones a los derechos humanos, mientras que Mosqueda admitió haberse enterado de proyectos alternativos de organismos de DDHH, como un parque de las infancias, recién cuando el conflicto ya había escalado judicialmente.
Esta red de testimonios refuerza la denuncia de los organismos y vecinos: el uso de una institución comunitaria dejaría al descubierto un negocio privado sobre tierras que cargan con una profunda sensibilidad histórica y social.