En la segunda y tercera semana de audiencias del debate oral que se lleva a cabo en Río Gallegos, el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan acumuló una serie de revelaciones técnicas, testimonios de esposas de tripulantes y la aparición de responsabilidades políticas que apuntan directamente a la gestión de Mauricio Macri. La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de 34 familias, describió a el Retrato un proceso en el que las mentiras de los testigos, según su lectura, están acelerando su propio derrumbe.
La segunda semana del juicio tuvo como primer hito la desaparición del veedor de la Armada que Carreras había denunciado públicamente durante las indagatorias. La Armada había respondido a esa denuncia calificándola de falsa y aclarando que se trataba de un colaborador logístico para el traslado de testigos. La refutación llegó sola y cuando comenzó la etapa testimonial, el veedor no volvió a presentarse. “Por el nivel de exposición y la denuncia pública que hice”, afirmó la letrada. El segundo logro de esa semana fue la consolidación de la presencia de los familiares en sala con banderas, remeras y carteles alusivos al ARA San Juan, cuya remoción había sido intentada bajo escusas de “propaganda” e “imparcialidad” . Ambos elementos configuraron, a juicio de Carreras, el tono de lo que vendría.
La válvula que no puede abrirse sola
El nudo técnico de la tercera semana giró en torno a la válvula Eco-19, señalada en múltiples testimonios como el punto de ingreso del agua de mar que desencadenó la catástrofe. La versión oficial sostenía que se había abierto accidentalmente, el suboficial segundo electricista César Alberto Figueroa, declaró que alguien se había apoyado en ella con “un empuje suavecito, apenas un poco”.
Carreras mostró al tribunal la realidad del mecanismo. “La válvula Eco-19 tiene para la apertura un manijón igual a un volante, el cual hay que accionar diez veces hacia un lado y diez veces hacia el otro para abrirlo o cerrarlo”, detalló. La demostración, según la abogada, instaló una duda razonable en los jueces que ya venía acumulándose ante la acumulación de contradicciones.
Como resultado, el presidente del Tribunal Oral Federal, Mario Reynaldi, propuso formalmente realizar una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz (submarino gemelo actualmente en proceso de desguace en el astillero Tandanor) y fijó la fecha para el 8 de mayo. “Tanto le quieren mentir al tribunal respecto de las excelentísimas condiciones del submarino, que empezaron a dudar mucho”, resumió Carreras. La inspección permitirá a los jueces observar directamente la disposición de sistemas, tuberías y componentes que hasta ahora solo fueron abordados a través de documentación y declaraciones.
Carreras, que ya recorrió el Santa Cruz en 2018 durante la instrucción, describió la experiencia como transformadora: “No es lo mismo leer en el expediente que hay 12 kilómetros de tuberías, a que las veas. Cuando transitás por esos estrechos pasillos, te das cuenta de que el único freno ante un temporal son las paredes. Tu cuerpo es el que se golpea”.
La pata política: el presupuesto y el nombre de Macri
El último día de la tercera semana introdujo una dimensión que hasta entonces se había mantenido al margen del debate. El Capitán de Navío Diego Da Funcio, Jefe de la División de Submarinos en 2017, admitió ante el tribunal que el ARA San Juan no había ingresado a dique seco, que sus sistemas no habían sido modernizados y que tenía pendientes de mantenimiento por restricciones presupuestarias. A preguntas de la querella, Da Funcio reconoció que el presupuesto de la Armada depende del presupuesto nacional y que este es manejado por el Poder Ejecutivo. “¿Quién era el Poder Ejecutivo en ese momento?”, preguntó Carreras.
La respuesta fue Mauricio Macri. Además, Da Funcio debió admitir que el submarino estaba operativo únicamente para adiestramiento de dos o tres días cerca de la costa, no para una patrulla de 24 días de navegación como la que se le ordenó.
Inmediatamente después de Da Funcio, declaró el suboficial Viltes (el tripulante que desembarcó en Ushuaia y sobrevivió) quien reveló que, tras la desaparición del submarino, fue convocado al Ministerio de Defensa del entonces ministro Oscar Aguad junto con el suboficial Figueroa, el mismo que años después instalaría la teoría del accidente con la válvula. “Estamos descubriendo un entramado de justificaciones por parte del gobierno de Macri y de Aguad que nos va a llevar a mayores en la causa que sigue abierta en Caleta Olivia por las responsabilidades políticas”, afirmó Carreras.
Las esposas que declararon con miedo
Cuatro esposas de tripulantes, tres de ellas residentes en Mar del Plata, comparecieron ante el tribunal con la condición de no ser filmadas, no ser transmitidas en directo y que sus nombres no fueran difundidos. El motivo, según Carreras, es el hostigamiento sostenido que enfrentan en una ciudad donde sigue operando la base naval. “Todo el personal de la Armada siempre reprochándoles, consideran que se ataca a la Armada. No, la Armada se atacó a sí misma cuando mandó un buque que no estaba en condiciones, cuando mintió después que desapareció y cuando no les permitía hablar”, remarcó.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de la esposa de Aramayo, quien leyó en voz alta el último mensaje que su marido le envió desde Ushuaia, la noche anterior a la zarpada: “No zarpamos hoy, se rompió otra cosa más. Y es peor. Chau amor, cuídense”. El mensaje fue incorporado formalmente al expediente. “El submarino les avisó la noche anterior, pero la Armada no reaccionó ni los mandó a remolcar”, señaló Carreras.
Carreras también hace una lectura política del silencio mediático. “Hay una invisibilización absoluta a nivel medios nacionales y creo que es para protegerlos”, afirmó, en referencia a los imputados. Lo que el juicio está produciendo, sostuvo, no son revelaciones nuevas sino la validación pública de todo lo que ya había sido construido durante la instrucción, confirmado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y tenido en cuenta por el Consejo de Guerra para destituir y sancionar a los responsables.