En los últimos años, el crecimiento urbano hacia el sur de Mar del Plata consolidó una tendencia: barrios privados y loteos que prometen naturaleza, exclusividad y una inversión segura. Sin embargo, detrás de ese paisaje de expansión inmobiliaria, comienzan a acumularse interrogantes.
La llegada de inversores desde otros puntos del país, “amparados” por la Comuna bajo el slogan “La Mar del Plata del Sí”, ha permitido el crecimiento de barrios en el Sur de la ciudad, muchos de ellos sin cumplir determinadas normas urbanísticas, pero que igual avanzaron en construcciones, las que de a poco se van judicializando.
El Sur en especial los barrios que allí se levantaron y los que se están construyendo, están levantando una polvareda que ha comenzado a transitar los caminos de la Justicia, que, tal cual es su estilo, va lenta, pero va.
Porn un lado las cuestiones ambientales (ya judicializadas), como el caso de barrio Las Prunas, que derivo en una causa penal que se investiga en la Fiscalía N°11 por posible vuelcos contaminantes, es decir, sin el tratamiento correspondiente, se suman otros emprendimientos por cuestiones administrativas que se están instalando en la Justicia.
En este sector el conflicto ambiental que enfrenta a la comunidad del Bosque Peralta Ramos con ese desarrollo inmobiliario, ha ingresado en una nueva etapa. A pesar de las pruebas recolectadas por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), que el año pasado constató graves irregularidades en el tratamiento de efluentes del barrio privado, la Asociación Vecinal de Fomento local denunció que la contaminación del Cañadón de Las Machis continúa sin freno, afectando el curso natural que desemboca en el litoral marítimo marplatense.
“Tierra y Mar” otro desarrollo camino a judicializarse
Otro de los desarrollos que más atención ha generado es “Tierra y Mar”, un proyecto que, lejos de consolidarse sin sobresaltos, hoy se encuentra atravesado por cuestionamientos, reclamos de compradores y menciones en investigaciones judiciales.
En el centro de esta trama aparece el nombre de Claudio Iglesias, un empresario vinculado históricamente al negocio inmobiliario en Rosario. Su figura fue asociada a distintos emprendimientos de gran escala, incluyendo barrios privados y loteos, y en los últimos años también surgió en el marco de distintas investigaciones judiciales
El esquema bajo análisis en Rosario habría consistido en la utilización de desarrollos inmobiliarios como herramienta para canalizar diversos fondos hacia el circuito formal. El mecanismo, siempre en carácter de hipótesis judicial y no como hecho probado, incluiría la compra de tierras, la estructuración de fideicomisos y la posterior comercialización de lotes, permitiendo justificar movimientos financieros como inversiones legítimas.
En ese contexto, la Justicia Federal avanzó con allanamientos, imputaciones e incluso detenciones en distintos momentos del proceso. No obstante, como ocurre en este tipo de causas complejas, la situación judicial es dinámica y puede modificarse con el tiempo, dependiendo del avance de la prueba y las resoluciones de los tribunales.
El nombre de Iglesias no aparece aislado. Dentro del mismo ecosistema de negocios también se menciona a Gabriel Zamboni ( quien asumió en la administración de Mar del Plata y renunciò a los 15 dias) , relacionado con proyectos fuera de Rosario, incluyendo su presunta participación o cercanía con “Tierra y Mar”. A su vez, figura Daniel Calabrese, un actor de perfil más bajo, señalado en distintos ámbitos como posible nexo u operador dentro de este entramado empresarial.
La conexión entre estos nombres no implica necesariamente responsabilidades penales compartidas, pero sí evidencia una red de vínculos comerciales que se repite en distintos emprendimientos. Es precisamente en esa intersección donde el proyecto marplatense adquiere relevancia.
Dificultades que surgieron en el atractivo desarrollo
“Tierra y Mar” fue presentado como un desarrollo atractivo en una zona estratégica, cercana a áreas consolidadas y de alto valor. La propuesta incluía la venta de lotes a inversores particulares, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de acceder a terrenos en una ciudad con fuerte demanda inmobiliaria. Sin embargo, con el correr del tiempo comenzaron a surgir dificultades.
Entre los reclamos más frecuentes de compradores aparecen demoras en la escrituración, falta de avances en obras prometidas y dudas sobre la situación dominial de las tierras. En algunos casos, los adquirentes aseguran haber realizado pagos significativos sin obtener aún la posesión efectiva de los lotes o la documentación definitiva que respalde la operación.
Este tipo de situaciones no es inusual en desarrollos inmobiliarios de gran escala, donde los procesos administrativos, legales y de infraestructura pueden extenderse más de lo previsto. No obstante, cuando los retrasos se prolongan y la información resulta poco clara, la preocupación crece y los conflictos se trasladan al plano judicial.
En paralelo, el proyecto también queda bajo la lupa por su posible conexión con las investigaciones en Rosario. Si bien no todos los desarrollos vinculados a los nombres mencionados están necesariamente involucrados en causas penales, el hecho de que compartan actores genera un efecto de arrastre en términos de percepción pública y confianza.
Legalmente la situación es compleja para resolver
Desde el punto de vista legal, la situación es compleja. Por un lado, existen potenciales conflictos civiles entre compradores y desarrolladores, vinculados a incumplimientos contractuales. Por otro, podrían existir derivaciones penales si se comprobara la existencia de maniobras fraudulentas o irregularidades financieras. En muchos casos, estos procesos avanzan por carriles separados, lo que contribuye a la sensación de fragmentación e incertidumbre.
Especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que uno de los principales problemas radica en la falta de información clara para el comprador promedio. Contratos privados, fideicomisos poco transparentes y estructuras societarias complejas dificultan la comprensión del negocio y aumentan el riesgo para quienes invierten.
A esto se suma un factor clave: el tiempo judicial. Las causas por delitos económicos suelen extenderse durante años, con apelaciones, cambios de jurisdicción y resoluciones parciales que dificultan una definición rápida. En ese contexto, los inversores quedan en una zona gris, sin respuestas inmediatas ni certezas sobre el futuro de sus inversiones.
Mientras tanto, el sur de Mar del Plata continúa creciendo. Nuevos desarrollos avanzan, la demanda se mantiene y el mercado inmobiliario sigue ofreciendo oportunidades. Sin embargo, casos como el de “Tierra y Mar” funcionan como advertencia: detrás de las promesas de rentabilidad y expansión, es fundamental analizar en profundidad la estructura legal, los antecedentes de los desarrolladores y la transparencia de cada operación.
Por ahora, las preguntas superan a las respuestas. Y en un escenario donde confluyen negocios, justicia e inversión privada, la prudencia se convierte en el principal activo.