La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Manuel Adorni sumó este lunes un elemento central, luego de que dos acreedoras confirmaran ante la Justicia que el Jefe de Gabinete mantiene con ellas una deuda de USD 70 mil, más intereses. Las testigos señalaron que el monto restante debe ser cancelado antes del mes de noviembre, en línea con las condiciones pactadas en el préstamo original.
Esta mañana las acreedoras Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio se presentaron ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, donde aportaron documentación, chats y detalles de la operatoria. Las involucradas en la causa evitaron realizar declaraciones públicas, aunque permanecieron casi tres horas en la Fiscalía Federal N°11 mientras brindaban su testimonio.
En ese marco, Molina, comisario retirada, explicó que aportó USD 85 mil, mientras que su hija Cancio contribuyó con los USD 15 mil restantes para completar el préstamo de USD 100 mil. El acuerdo incluyó una tasa de interés anual del 11% y un esquema de devolución en cuotas, que comenzó en noviembre de 2024 con pagos mensuales de USD 900, según detallaron ante la fiscalía.
Luego, las testigos precisaron que el funcionario de Javier Milei redujo esos pagos mensuales a USD 600 luego de cancelar USD 30.000 del capital, lo que dejó un saldo pendiente de USD 70.000. Además, ambas mujeres remarcaron que el crédito se instrumentó mediante una hipoteca sobre un departamento ubicado en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
En su reconstrucción de los hechos, la fiscalía incorporó elementos que vinculan ese préstamo con operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni. Según consta en la causa, el dinero habría sido utilizado para adquirir una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en una operación que se concretó el mismo mes en que se otorgó el financiamiento.
Finalmente, el fiscal Pollicita avanzó con medidas para determinar la trazabilidad de los fondos y la capacidad económica de los involucrados, mientras que el juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario. En tanto, la investigación también incluyó pedidos de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para verificar el sustento patrimonial de las operaciones.
La investigación sobre Adorni continúa con nuevas citaciones
La causa judicial que investiga el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni continuará esta semana con nuevas testimoniales vinculadas a otras operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. En ese marco, el miércoles deberán presentarse Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las jubiladas que participaron en la venta de un departamento en el barrio porteño de Caballito, en circunstancias que aún permanecen bajo revisión judicial.
Según surge del expediente, Adorni abonó USD 30.000 por esta transacción y quedó con una deuda de USD 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses. Además, en la misma operatoria también intervino Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, que también fue citado a declarar ante la Justicia.
Por su parte, las acreedoras que ya declararon anticiparon ante el fiscal el origen de los fondos utilizados en el préstamo, al señalar que provinieron de ahorros personales, un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales. A través de estos elementos, la Fiscalía busca reconstruir la ruta del dinero y establecer si las operaciones se ajustaron a las condiciones legales vigentes.