La fiscal Laura Molina confirmó que la presidenta del Patronato de la Infancia, Alejandra Genero, y una cuidadora, Marisa Benaduche, fueron citadas a indagatoria por lesiones, amenazas y coacción contra niños alojados en el hogar. La funcionaria judicial aseguró que también se evalúa si los cargos institucionales que ambas ocupaban podrían constituir un agravante. Además, detalló las medidas adoptadas para garantizar la protección de los menores involucrados.
Una denuncia que encendió las alarmas
El caso se inició el 28 de noviembre, cuando una profesional del equipo técnico del Patronato de la Infancia radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer, alertando que dos menores habrían sido víctimas de lesiones y amenazas. La fiscal Molina explicó que la Fiscalía Descentralizada tomó intervención inmediata.
“La denuncia ingresó al sistema judicial y desde ese momento se ordenaron las primeras medidas de prueba”, señaló la fiscal. “A partir de la denuncia penal empieza una etapa de instrucción cuya finalidad es establecer la existencia del hecho y quiénes serían los autores”, indicó.
Durante la semana siguiente se realizaron múltiples diligencias, declaraciones y el análisis de distintos elementos probatorios, entre ellos un audio incorporado al expediente.
Procesamiento y citación a indagatoria
Con los primeros elementos reunidos, el fiscal subrogante, Dr. Moure, dispuso la citación a declarar de Genero y Benaduche, quienes ya fueron notificadas. Las imputaciones incluyen un hecho de lesiones y cuatro hechos de amenazas y coacción. Las víctimas son tres niños, además de adultos que prestaron declaración.
Las indagatorias quedaron fijadas para el 17 de diciembre. Molina explicó: “En esta etapa de instrucción se reunieron elementos suficientes para el procesamiento”. Recordó también que las imputadas tienen derecho a declarar o abstenerse.
Medidas cautelares para proteger a los menores
En paralelo, intervienen el Juzgado de Garantías Nº 2, el fuero de familia y las asesorías de menores. Desde la semana pasada rige una medida cautelar penal, a lo que se suman disposiciones específicas de cada juzgado de familia.
“Entre las medidas adoptadas se encuentran prohibiciones de acercamiento que alcanzan a integrantes de la comisión de la institución”, precisó Molina. También aclaró que los menores permanecen alojados en el hogar, salvo decisiones particulares del fuero de familia.
Niños vulnerables y protocolos de actuación
Molina recordó que los menores alojados allí llegan derivados por decisiones judiciales, en contextos de riesgo o vulnerabilidad. “La intervención del equipo técnico es clave; son quienes trabajan con los niños cuando atraviesan crisis o situaciones emocionales propias de su historia”, explicó.
Posible agravante por el rol institucional
La fiscalía analiza si corresponde aplicar un agravante por el cargo institucional de las imputadas. Aunque la comisión directiva no cumple tareas de cuidado directo, Molina subrayó que “se trata de figuras con obligaciones específicas dentro del hogar, y ese rol está siendo valorado”.
La causa sigue en instrucción
Tras las indagatorias del 17 de diciembre, se evaluarán los próximos pasos, que podrían incluir nuevas diligencias o la eventual elevación a juicio. “Estamos trabajando sobre hechos que involucran a niños vulnerables y nuestra obligación es esclarecer lo ocurrido y asegurar su resguardo”, afirmó la fiscal.
En paralelo, se investiga otro episodio, esta vez por violencia verbal entre una cuidadora y un menor, aunque por ahora sin vinculación directa con la causa principal.
Fuente: eldiariobalcarce.com.ar