Mientras el Gobierno mantiene en suspenso la aplicación de la norma aprobada por el Congreso, los gremios universitarios inician una nueva etapa de medidas coordinadas. Docentes paran 72 horas y los nodocentes sostendrán paros semanales hasta obtener respuestas.
La tensión entre las Universidades y el Gobierno nacional volvió a escalar esta semana con la coincidencia de medidas de fuerza de docentes y nodocentes, que reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de la negociación paritaria, cerrada desde hace más de un año.
En Mar del Plata, los trabajadores nodocentes, agrupados en la Asociación del Personal Universitario (APU), iniciaron este lunes un paro total de actividades que se repetirá cada lunes hasta que el Ejecutivo nacional garantice la ejecución de la ley o presente una propuesta salarial que compense la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El sindicato sostuvo que “la defensa de la universidad pública incluye también la defensa de quienes la sostienen cotidianamente” y reclamó una reunión con las nuevas autoridades de la UNMdP para abordar temas internos pendientes, entre ellos el pase a planta y los cargos vacantes.
En paralelo, los docentes nucleados en ADUM, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, iniciarán mañana miércoles un paro nacional de 72 horas, dispuesto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) tras una consulta en más de treinta asociaciones de base. La medida, una de las más prolongadas del año académico, busca visibilizar el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las universidades públicas.
En diálogo con El Retrato, Abigail Araujo, futura secretaria general de ADUM, destacó el carácter excepcional del paro: “Esta es una medida contundente por su duración y por el momento en que se realiza. Que la docencia universitaria haya decidido parar en noviembre refleja un nivel de deterioro profundo y una gran voluntad de lucha”.
Araujo explicó que la consulta nacional dejó resultados “muy claros”: el 75% de los docentes de Mar del Plata se manifestó a favor de comenzar el ciclo 2026 con paro de actividades si el Gobierno no cumple con la ley. Además, puntualizó que las mesas de examen de fin de año no serán suspendidas, a fin de no afectar el derecho de los estudiantes a rendir.
La dirigente indicó que el reclamo no se limita al aspecto salarial, sino que apunta al cumplimiento del marco legal vigente: “La Ley de Financiamiento Universitario está promulgada y en plena vigencia. No existe ningún fundamento legal para que no se aplique. Las universidades ya presentaron una demanda judicial para exigir su cumplimiento, y desde el sector docente analizamos vías complementarias”.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en octubre, establece la actualización automática del presupuesto según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una recomposición salarial para docentes y nodocentes. No obstante, la administración nacional decidió suspender su aplicación bajo el argumento de que “no existen partidas disponibles”.
Araujo cuestionó esa decisión: “El propio Gobierno reconoce que, para recomponer los salarios al nivel real de noviembre de 2023, se requiere un incremento del 40,5%. Ese monto equivale a la mitad del costo fiscal de la reciente reducción de retenciones al agro. Por lo tanto, el problema no es financiero, sino político”.
A esto se le suma la falta de convocatoria a paritarias, que agrava el conflicto. “Hace más de un año que el Gobierno no abre la negociación. No solo desfinancia la universidad, también interrumpe los canales institucionales de diálogo”, advirtió la representante gremial.
Ambos gremios coinciden en que la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno amenaza la estabilidad del sistema público de educación superior. “Si no hay diálogo ni cumplimiento de la ley, el inicio del 2026 puede darse en un contexto de paro general universitario”, anticipó Araujo.