En el marco del conflicto que mantiene en vilo a 34 trabajadores despedidos por la empresa Apolo Fish, integrantes del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) se manifestaron frente a la vivienda de uno de los propietarios, ubicada en el barrio Caisamar. Con bombos, redoblantes y cánticos, hicieron oír su reclamo en reclamo por su reincorporación y el pago de salarios adeudados, luego que fracasara la audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Marcela Ibarola, integrante de la Comisión Directiva del SOIP, acompañó la protesta y expresó su preocupación por la falta de avances tras una nueva audiencia realizada este martes en el Ministerio de Trabajo. En ese encuentro, la empresa ratificó los despidos y ofreció un plan de pagos en cuotas que fue rechazado por el sindicato. Mientras tanto, la planta continúa clausurada por operar con equipos que contienen amoníaco sin la habilitación correspondiente.
Según Ibarola, la situación se agravó a partir del cambio de administración en enero de este año. “El nuevo responsable se hizo cargo con el supuesto respaldo para mantener al personal, pero de un día para otro desapareció y comenzaron los despidos con causas inventadas”, señaló. La dirigente denunció que primero se desvinculó a siete empleados por oponerse a modificaciones unilaterales en las categorías laborales, y luego al resto, sumando un total de 34 despidos.
Sobre la actitud del Ministerio de Trabajo, Ibarola (Foto) fue tajante: “Estamos teniendo audiencias, pero no hay soluciones. Todo queda en palabras. Las respuestas deben venir de la empresa y no aparecen”. 
Los trabajadores no han cobrado la última quincena, ya trabajada y cerrada, estimada en unos 18 millones de pesos. La situación también impacta en la obra social, que, según la referente gremial, viene golpeada por una crisis generalizada en el puerto marplatense.
Durante la manifestación en Caisamar, Ibarola identificó a Claudio Valdetaro como el responsable de las decisiones empresariales que derivaron en los despidos. “Es quien puso a los abogados que llevaron adelante esta maniobra. Vamos a seguir reclamando en todos los frentes. Si hay que buscarlo hasta por debajo de la tierra, lo vamos a hacer”, afirmó.
La fábrica, ubicada en Pescadores al 1200, permanece clausurada. Aunque la protesta se mantiene pacífica, crece el temor entre los trabajadores por un posible vaciamiento del establecimiento. “Hoy, lamentablemente, la gente aceptó retirarse con la esperanza de una solución. Pero no tuvimos ninguna novedad sobre la reincorporación”, advirtió Ibarola.
En cuanto a la situación del sector, la referente del SOIP no ocultó su preocupación: “El puerto está en crisis. Cada vez que cierra una planta con empleados registrados, abren dos con trabajadores en negro. Y el Estado no controla. Nosotros ya venimos afectados desde hace tiempo”.
Finalmente, Ibarola alertó sobre la tendencia creciente de desvincular empleados con antigüedad para reemplazarlos por mano de obra precarizada. “No es algo nuevo, pero ahora es más masivo. Las empresas están desmantelando el trabajo registrado y nadie lo impide”, concluyó.