La Diputada Santillán pide que las tierras de El Marquesado vuelvan al Estado Nacional

La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, quien representa a Mar del Plata, presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para que un predio ubicado en la localidad de El Marquesado, que había sido cedido a la provincia de Buenos Aires y en el que se iba a llevar adelante un proyecto agroecológico, vuelva a la órbita del Estado nacional.

Se trata de unas 140 hectáreas ubicadas en el kilómetro 553 de la ruta 11, entre Chapadmalal y Miramar, en el partido de General Pueyrredón. Estas tierras habían sido cedidas en febrero de 2023 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Asociación Civil Tercer Tiempo y transferidas en noviembre al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

“Esas tierras deben regresar al dominio del Estado nacional para evitar que, bajo el pretexto de un proyecto agroecológico, se oculte un favoritismo político. El gobierno de Alberto Fernández, sabiendo que estaba por dejar el cargo, cedió estas extensiones de tierra al gobierno provincial, que obviamente era del mismo signo político, con la intención de que terminen en manos de Juan Grabois”, acusó la diputada marplatense en la red social X.

En los fundamentos del proyecto presentado en la Cámara de Diputados, Santillán señaló que “nos encontramos ante una de las tantas manifestaciones de favoritismo político que caracterizan a la política tradicional, donde el Estado se convierte en un instrumento para el beneficio partidista, tal como ha sido habitual en el kirchnerismo”.

“Es en este constante intercambio de favores donde la gestión de lo público se convierte en un recurso de uso privado para la clase política, que instrumentaliza la necesidad de las personas más vulnerables haciéndolas rehenes sociales para obtener beneficios personales”, agregó la diputada en su texto.

Por último, Santillán instó al Gobierno a “intervenir en este asunto, revocando la cesión de derechos sobre el inmueble”, ya que “atenta contra las normas de buena administración y solo demuestra la habilidad de la clase política para beneficiarse del erario público”.