En el marco de la causa que se sigue en la justicia por la denuncia del concejal Daniel Alberto Núñez por amenazas contra Echeverría, se resolvió dejar sin efecto la medida de prohibición de acercarse a menos de una distancia de 200 metros respecto a Lucas Amodey, Daniel Teruel y Santiago Reyes. A su vez, ordenó mantener la prohibición de mantener todo tipo de contacto de los mismos con Daniel Alberto Núñez, Luciano Enrique Pagni Salaverry, Gustavo Pujato y Marianela Romero por el término de tres meses.
De esta forma, cabe recordar que, luego de que Nuñez denunciara la aparición de pintadas en la casa de su hija y afiches en el interior del Concejo Deliberante -hecho que motivó el repudio del arco político– el 28 de abril del corriente año el Juzgado de Garantías Nº6 que intervino en el caso dictó órdenes de restricción de 200 metros para funcionarios que forman parte de la coalición gobernante, puntualmente para resguardar a los concejales Nuñez, Marianela Romero y Gustavo Pujato, como también para el dirigente juvenil del partido, Luciano Pagni.
En concreto, las restricciones dispuestas a modo de medida cautelar mientras avanza la investigación en su contra alcanzaban al subsecretario Daniel Teruel y a los directores coordinadores Lucas Amodey y Santiago Reyes, todos funcionarios dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social que conduce una dirigente radical, Vilma Baragiola. Por fuera de los funcionarios, la decisión judicial también alcanzaba a los sindicalistas Cristian Echeverría, Diego Paredes y Federico Cardozo, referentes del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah).
En ese contexto, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió dejar sin efecto la medida de prohibición de acercarse a menos de una distancia de 200 metros respecto a Lucas Amodey, Daniel Teruel y Santiago Reyes mientras que ordenó mantener la prohibición de mantener todo tipo de contacto de los mismos con Daniel Alberto Núñez, Luciano Enrique Pagni Salaverry, Gustavo Pujato y Marianela Romero por el término de tres meses.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal entendió que “la respuesta más idónea” para la composición de dicho conflicto entre las partes surge en el ámbito de la justicia restaurativa con sustento en criterios de oportunidad. “Es que resulta aconsejable fijar pautas de mediación penal, con la finalidad de que las partes involucradas arriben a acuerdos mínimos tendientes a erradicar o morigerar el conflicto que diera inicio a la denuncia”, señala el resolutorio al cual “el Retrato…” tuvo acceso.
El abogado, Fernando Herrera expresó que “los juzgados de garantías que están interviniendo en la causa dejaron sin efecto esta restricción de acercamiento entre los funcionarios municipales y los concejales” y agregó: “Atento a la muy poca cantidad de prueba que se ha aportado en la causa, se remitió la misma a la oficina de mediación penal para que las partes se puedan sentar a conversar sobre los distintos temas que están en conflicto”.