Luego de las expresiones vertidas por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su cuenta oficial de Twitter, con motivo de su encuentro con los padres de Lucía Pérez, desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires salieron al cruce y emitieron un comunicado.
Fernández había expresado en su red social, junto a algunas fotos con los padres de Lucía Pérez, que “durante el encuentro que tuvimos les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar, luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2018” [..] “…debemos exigir la búsqueda de Justicia por el Femicidio de Lucía Pérez”.
Tras los posteos, desde la Red bonaerense explicaron que “dichas expresiones vertidas por el titular del Poder Ejecutivo Nacional dando por sentado anticipadamente lo que debería ser el resultado del fallo, mientras los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, luego de concluido el debate oral, se encuentran deliberando y votando para emitir su decisorio respecto del “Caso Lucía Pérez”; constituyen una intolerable intromisión en la labor de los magistrados del Poder Judicial Bonaerense.
Además, en un texto firmado por Juan Sebastián Galarreta (Presidente) y Julio Andrés Grassi (Secretario), agregaron que “las manifestaciones referidas se enmarcan también en el reclamo efectuado por los acusadores particulares, quienes habrían advertido de manera conminatoria que, si no obtienen la sentencia que reclaman, promoverán un Jury de Enjuiciamiento contra los jueces intervinientes, todo lo cual concurre a propiciar un escenario de posibles interferencias invasivas en la labor de los magistrados a quienes se pretendería condicionar para que resuelvan de una determinada manera, a la vez que contribuye a establecer un contexto simbólico frente al cual y ante una solución no esperada, podría generarse cierto clima de violencia”.
“Si bien es cierto que Magistrados y Magistradas, en el marco de nuestras labores debemos tener la suficiente templanza como para poder afrontar la propia presión que implica de por sí administrar justicia, lo cierto es que tampoco el dolor de nuestros conciudadanos nos es ajeno, con todo lo que ello conlleva. Y como se exige a unos, también la exigencia en la responsabilidad debe ser de todos, incluyendo claramente a los miembros de los restantes poderes del Estado”, remarcaron luego en el texto.
En otro pasaje del texto, puntualizaron que “sabido es que, la vida en democracia permite justamente que los ciudadanos puedan expresarse sin censura, encontrando su límite en los discursos de odio, sin embargo, también es cierto que determinados funcionarios, como es el caso del primer mandatario, al igual que los medios de comunicación, deben ser responsables a la hora de comunicar o expresarse en relación al funcionamiento de las instituciones, sin caer en mezquindades”.
“Ello es así, puesto que la Independencia del Poder Judicial se manifiesta fundamentalmente en el ejercicio exclusivo y excluyente de su función de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes a los casos sometidos a su juzgamiento, sin intervención de los otros poderes”, refirieron.
“En suma, los dichos del presidente de la Nación implican una intromisión en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y en la vida de las instituciones democráticas, que por lo menos debe ser puesta en evidencia para evitar que actos de ese tipo se sigan repitiendo y sea ello un llamado a la reflexión en la construcción de la paz social”, dispararon.
“Constituyendo uno de los objetivos estatutarios de esta Asociación la defensa de la Independencia Judicial, así como el principio de división de Poderes, nos vemos en la imperiosa necesidad de reclamar que los mismos se respeten de modo irrestricto con especial referencia al trabajo de los Jueces que intervienen en el juicio aludido y la judicatura en general, quienes siempre deben resolver conforme a derecho y sin injerencias de ninguna naturaleza; mucho menos de quien tiene prohibido, por expreso mandato constitucional, el ejercicio de funciones jurisdiccionales (art. 109 CN)”, aseguraron.
Finalmente, los Jueces bonaerenses aclararon que “de ningún modo pretendemos insinuar que no sea obligación del Estado acompañar a las víctimas, sin embargo, existen competencias claras atribuidas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte de la misma y la Constitución Provincial, que se traducen en las garantías (entre otras, la independencia judicial e imparcialidad), que necesariamente deben operar en relación a quienes puedan ser damnificados o imputados y atraviesen un proceso penal”.