Las organizaciones ambientales y civiles que llevan adelante una demanda contra la exploración offshore en el Mar Argentino, se presentaron este viernes en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata con máscaras de ojos y con un cartel con la leyenda “Justicia es un Mar sin Petroleras”. Exigen a la Justicia un dictamen que tenga en cuenta la protección de la biodiversidad marina y las comunidades costeras y que ponga freno a la exploración de petróleo en el Mar Argentino.
“La ciudadanía ha sido ignorada en este proceso, pero continúa comprometida con la causa, y no se va a rendir. Vinimos a mostrar que la comunidad está expectante y demanda un dictamen justo que contemple la protección del Mar Argentino, y ponga freno al avance de la actividad petrolera en el mar, por el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Esto ocurre en el marco de la suspensión de la actividad petrolera en el área dictada por la Cámara Federal de Apelaciones, por lo cual la empresa Equinor presentó una nueva declaración de impacto ambiental, aprobada en agosto por el Ministerio de Ambiente de la Nación
“Sostenemos que esta presentación del Ministerio avasalla los derechos de la ciudadanía. Exigimos su nulidad por ser inconstitucional, al no cumplir con los preceptos constitucionales del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación pública y transparencia”, agregó Vueso.
La protesta acompañó el escrito judicial en el que las organizaciones marcaron las falencias de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por el Ministerio de Ambiente a pedido de la Justicia.
“Es inaudito; el Ministerio no pudo acreditar con argumentos científicos que no va a haber afectación al Mar Argentino pero de todas maneras aprueba la actividad”, alertó Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace. “Preocupa la precariedad de la evaluación de impacto ambiental complementaria que se aprobó. Si hubiera realizado el procedimiento conforme a las leyes, sería evidente la imposibilidad de realización del proyecto”.
De acuerdo a las organizaciones, la presentación oficial ignora la real afectación a la fauna y el clima que implicaría la actividad, no contempla impactos indirectos ni acumulativos ni sinérgicos, apela a medidas de mitigación arbitrarias e insuficientes e ignora los principios precautorios de cara a la ciencia disponible y vigente.