Después que la agrupación trabajadores enrolados en el Sindicato de Sitaclah se manifestara ante las puertas del Casino Central durante el viernes pasado, en el marco de un reclamo llevado adelante, desde el Sindicato de Trabajadores de Administración, Maestranza y Servicio del Casino de Mar del Plata, conducido por Roberto “Chucho” Páez emitieron un comunicado con respecto a esta situación, en tanto aseguró que ello “le provocó al Estado Provincial una pérdida de más de 30 millones de pesos mientras que los empleados se vieron perjudicados en más de $ 500.000 en concepto de Caja de Empleados”.
Los dichos de Paéz se enmarcan en una añeja pelea gremial entre Maestranza y Sitaclah, ya que estos últimos pertenecían en un momento al gremio que hoy encabeza el actual concejal y que con el tiempo fueron creciendo sindicalmente y hoy reclaman por su espacio dentro de los Casinos.
Paez afirmó en su nota de prensa que “El pasado viernes 7 de enero, los trabajadores de Casinos asistimos una vez más a lo que nos tiene acostumbrados este minúsculo sector que dice tener una representación que en realidad, no la tiene”, apuntaron desde el Sindicato y añadieron que dicho gremio “es un grupo que tiene unas cuantas licencias gremiales, que, indudablemente, también existe una complicidad con las autoridades”.
En ese contexto, cuestionaron que la acción de no permitir la apertura del Casino Central durante el viernes pasado, “al Estado Provincial le costó $ 31.010.524 tomando el total de venta de fichas y el 44,5% que le corresponde al Estado por las máquinas tragamonedas” y apuntaron: “Los trabajadores fuimos perjudicados en más de $ 500.000 en concepto de Caja de Empleados”.
“Saben que un sindicato con simple inscripción no representa los intereses colectivos, solo representan los intereses individuales y a pedido de partes”, agregaron en un comunicado a la vez que se preguntaron: “¿Por qué no convocan a un paro de actividades? Porque si lo hicieran quedaría en evidencia su falta de representación ya que nadie los seguiría”.
Por último, expusieron en dicho comunicado: “Es hora de que todos los trabajadores terminemos con estos sinvergüenzas y que las autoridades del IPLyC no se dejen extorsionar más y se manejen con la legalidad”.