Instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata hicieron pública una grave situación que compromete su continuidad. A través de una carta abierta dirigida a la comunidad, autoridades y distintos sectores sociales, manifestaron que atraviesan un punto crítico que podría derivar en el cierre de numerosos espacios con décadas de trayectoria.
La carta pública lleva las firmas de Ernesto Villamil (AIP), María Esther Abraham (Andesmar), Marta Correa (Avancemos Juntos), Mónica Suárez (Aythue), Mónica Bigoni (Cemid), Vanesa Walfisch (Despertares), Gustavo Casado (Centro Nuevo Día), Osvaldo Cingolani (Cideli), Alba Villan (Cosechando Tiempo), Maricel Bornet (Cuvo Mágico), Silvina López (Dat Más), Sandra Díaz (Marángeles), Diego García (Nuevo Arcobaleno), Marcelo Benites (Umasdeca), Mabel Decima (Upad), Ana María Hermosilla (Nuevos Rumbos Integración), Felipe Magurno (Grupo Los Nobles), María Tarillo (La Casa del Ángel), Anahí Tanguikian (APDH) y Carlos Mattos (APH).
En la misiva señalan que “Las instituciones de discapacidad de Mar del Plata estamos en inminente riesgo de cierre. Venimos con esta carta abierta a declarar formalmente a nuestra comunidad un hecho que, si bien es de público conocimiento, ha llegado a un punto de quiebre.”
Las organizaciones, muchas de ellas con más de 30 años de trabajo sostenido, señalaron que la crisis impacta de manera directa en las personas con discapacidad, sus familias, así como también en los profesionales y trabajadores que integran estos espacios. Según expresaron, la falta de respuestas estatales y el deterioro progresivo de las condiciones económicas han debilitado seriamente el sistema de atención.
“Nuestro llamado apela al apoyo de todos, recurriendo a la conciencia ciudadana. Es un llamado desesperado y fuerte a marplatenses, gobiernos municipal, provincial y nacional, universidades, colegios profesionales, iglesias y la justicia.”
Entre los principales factores que explican la situación, destacaron la falta de actualización de los aranceles que perciben por sus prestaciones y, de manera aún más crítica, la interrupción de pagos desde fines de 2025 por parte de organismos estatales como Incluir Salud, PAMI e IOMA. A ello se suma la interrupción total en la entrega de medicación a afiliados de programas nacionales, lo que agrava el escenario sanitario.
“Hoy no podemos continuar, no solo por la falta de actualización del nomenclador, sino directamente por el cese de los pagos de las prestaciones desde fines de 2025, junto con la interrupción total de la provisión de medicación.”
Las instituciones remarcaron que esta situación constituye un abandono deliberado que vulnera derechos fundamentales. En ese sentido, denunciaron el incumplimiento de normativas vigentes como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378), la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), la Ley 24.901 de prestaciones básicas, así como otras regulaciones que garantizan la cobertura de salud y provisión de medicamentos.
“Todo dentro de la ley, fuera de la ley nada: solo exigimos que se cumpla con las normativas vigentes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad.”
Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de estas leyes afecta directamente la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, generando un grave daño a su salud y poniendo en riesgo sus vidas. Por ello, enfatizaron la urgencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.
“Solicitamos al Estado en general, al Ministro de Economía y al Ministro de Salud que oigan y estén a la altura del conflicto, ya que es de su total responsabilidad.”
Finalmente, las instituciones expresaron su confianza “en la sensibilidad de la sociedad y en la necesidad de un acompañamiento colectivo ante una problemática que consideran crítica y urgente”.