La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) solicitó al Ejecutivo municipal llevar la tarifa plana de $1.550 a $2.569, un incremento del 65%. La nota ingresó a la Secretaría de Legal y Técnica, pero no al Concejo Deliberante, que recuperó la facultad de fijar el boleto desde el 31 de diciembre, cuando vencieron las atribuciones delegadas al intendente. El debate institucional recién comienza pero el vecino ya se prepara para el impacto.
El documento firmado por Juan Inza, presidente de CAMETAP, describe una situación “angustiante” y detalla los factores que, según las concesionarias, presionan sobre la ecuación económica del servicio. El más reciente y más visible es el combustible, que desde fines de febrero acumuló una suba del 25% y representa aproximadamente el 18% del costo del boleto, según la cámara. A eso se suma el acuerdo salarial del 12 de marzo, que llevó el básico de un chofer por encima de los $1.540.000 (un 13% de incremento para el primer cuatrimestre) con retroactividad a enero y febrero y una gratificación extraordinaria de $320.000 por empleado.
El cálculo tarifario que presentan los empresarios toma como referencia la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación, que rige los precios de repuestos, accesorios, insumos y la valuación del parque móvil. Otro factor que pesa es que el 50% de los pasajeros que abona boleto lo hace con el beneficio del Atributo Social, que se traduce en un descuento del 55% financiado por el Estado nacional, pero ese reintegro llega con más de 90 días de demora promedio, con deuda acumulada desde el 1° de enero de 2026. A eso se suma que más del 25% de los usuarios viaja de manera gratuita sin compensación alguna para las empresas, mientras que la cantidad de pasajeros pagos cayó más del 25% en los últimos dos años. El resultado, según CAMETAP, es una brecha de ingresos del 66% que definen como insostenible.
¿Quién decide el aumento?
La concejal Vilma Baragiola, de la Unión Cívica Radical, aclaró este tema en diálogo con el Retrato: “Las facultades son del legislativo. El legislativo tiene la facultad de decidir si aumenta o le cede las facultades al intendente para que lo haga él. El 31 de diciembre ya vencieron las facultades previamente dadas. Hay que volver a votarlas si así se lo quiere.” Solange Flores, de Unión por la Patria, coincidió con esa lectura y agregó: “Celebramos que el Concejo lo vuelva a discutir. Pero que el debate sea completo.”
El concejal de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García confirmó a el Retrato: “Hoy las facultades las tiene el Concejo Deliberante. Al Concejo no ingresó ningún pedido formal ni de la CAMETAP ni del Poder Ejecutivo.” Es decir, la nota de los empresarios existe, está en el Ejecutivo, pero el proceso formal aún no comenzó. Lo que el Concejo recibirá, cuando llegue, puede ser una solicitud directa de aumento o un nuevo pedido de delegación de facultades. Ninguna de las dos cosas ocurrió al cierre de esta nota.
El pliego que lleva 7 años prorrogado
Detrás del debate tarifario hay un problema más profundo que todos los concejales consultados mencionaron. El pliego de concesión del transporte público lleva 7 años prorrogado sin renovación. Un nuevo proyecto de pliego enviado por el Ejecutivo ingresó al Concejo durante la gestión anterior, pero aún no tuvo tratamiento en la nueva composición del cuerpo. Esa parálisis legislativa es la que genera el círculo vicioso, como no hay un contrato nuevo, no se pueden exigir inversiones (micros nuevos, aire acondicionado, mejores recorridos) y el sistema sobrevive a base de parches, prórrogas y subas de boleto.
García explicó el estado de situación: “Vamos a darle un primer tratamiento con esta nueva composición. Es un pliego muy voluminoso, a 20 años, y el contexto no es el mejor para una inversión de fondo, pero hay que abordarlo igual.” Flores fue más directa en su crítica: “Hace más de 10 años este gobierno tiene el mismo color político y no ha discutido seriamente el tema del transporte en Mar del Plata. Tenemos un pliego viejo y una ciudad que tiene que mirar hacia el futuro, y eso no está pasando.”
Para el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, el vínculo entre el pliego y la tarifa es indisoluble: “Es un disparate. No se pueden determinar los costos reales si no se cumplen las frecuencias. $2.500 sería razonable si hubiera un colectivo cada cinco minutos. ¿Te das cuenta?”
Un pliego a 20 años (con 2026 como base) es una apuesta enorme para cualquier empresa privada. Si el pliego es muy exigente y la economía no mejora, la licitación puede quedar desierta. Esas es una de las variables piensa el Concejo, la otra es el miedo a quedar “atados” a un contrato que nazca viejo o insuficiente. De momento, el pliego no fue incluido en el orden del día.
Las apps, los subsidios y la caída de pasajeros
García aportó un dato que contextualiza el reclamo empresarial más allá del combustible. El sistema de transporte opera hoy con un 60 o 70% de los pasajeros prepandemia, una caída que no se recuperó y que reconoce causas múltiples como modalidades de transporte alternativas, calidad del servicio y plataformas digitales.
La coincidencia temporal entre el debate tarifario y el tratamiento de la regulación de Uber y Cabify en el mismo Concejo no es casual. Un viaje en estas plataformas hoy puede costar, en recorridos cortos, o compartidos, valores similares al boleto que propone CAMETAP. García reconoció el punto: “En algún momento puede ser un sustituto, especialmente cuando la frecuencia no es usual.” Flores también lo vinculó: “Hay que discutir el boleto, el taxi y las aplicaciones en el marco del nuevo pliego. Todo junto.”
Sobre los subsidios provinciales y nacionales, García reconoció atrasos importantes en los pagos pero aclaró no tener la contraparte oficial para contrastar con lo que plantean los empresarios. Sí señaló que en el interior del país la relación entre lo que paga el usuario y lo que subsidia el Estado cayó al 60 o 70%, a diferencia del AMBA donde la proporción se invierte.
La voz de la gente de a pié
Los usuarios consultados no necesitan estudios de costos para formarse una opinión. Milca Mayal, estudiante universitaria, calculó en voz alta: “Me mato si tengo que pagar hasta $5.000 cada vez que voy a la facultad. Tendría que ir caminando o no ir los días que no sea posible.” Lautaro Fernández, que trabaja en una distribuidora y toma un promedio de 6 colectivos diarios, hizo la cuenta del impacto: “Ya tenés que dedicarle $6.000 más todos los días. Las unidades son un desastre, se rompen cada dos por tres, los choferes a veces no te paran. Parece que vas en una lata de sardinas ¿Por qué tengo que pagar por eso? En ninguna ciudad como la gente se viaja así” Brenda Juárez, también estudiante universitaria, apuntó a la desconexión de quienes deciden y quienes usan el servicio: “Nadie del Concejo Deliberante viaja en colectivo como para saber el gran gasto que hacemos quienes trabajamos y estudiamos.”
El Concejo Deliberante deberá resolver en las próximas semanas si acepta el pedido de aumento, lo modifica o le devuelve al Ejecutivo la facultad de decidirlo. Por ahora, el expediente no llegó y el boleto sigue a $1.550. Por ahora.