El conflicto por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y figuras vinculadas a La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo, luego de que trabajadores estatales impulsaron una protesta para exigir igualdad de condiciones en el acceso al financiamiento. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a delegados y afiliados a presentarse en distintas sucursales para solicitar préstamos en las mismas condiciones que, según denuncian, recibieron integrantes del espacio que conduce el presidente Javier Milei.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar definió una acción coordinada a nivel nacional que buscará visibilizar lo que considera un trato desigual en la asignación de créditos hipotecarios. La conducción sindical sostuvo que la medida apunta a trasladar el reclamo al plano público, en un contexto de creciente tensión por el impacto económico que enfrentan los trabajadores.
El sindicato sintetizó el eje de la protesta con una consigna directa que apunta al núcleo del reclamo. “Si hay para ellos, que haya para todos”, afirmaron desde ATE, al cuestionar las diferencias entre los beneficios otorgados a ciertos sectores y las dificultades que enfrentan amplios segmentos de la población para acceder al crédito.
Por su parte, el secretario general de ATE, cuestionó el esquema denunciado y vinculó la situación con el funcionamiento del Estado. El dirigente gremial sostuvo que la administración pública no redujo privilegios y que, por el contrario, terminó beneficiando a sectores cercanos al poder político, según planteó en sus declaraciones.
El reclamo sindical se apoya en la difusión de una nómina de beneficiarios que incluye a funcionarios, directivos de empresas públicas y figuras del entorno digital del oficialismo. Entre los nombres que trascendieron aparece el titular de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”, junto a otros actores vinculados al Gobierno nacional.
En ese sentido, los montos de los créditos también quedaron bajo cuestionamiento por parte del gremio y de sectores de la oposición. Según los datos que circularon, los préstamos oscilaron entre los 100 y los 530 millones de pesos, cifras que generaron dudas en torno a su correspondencia con los ingresos declarados por los beneficiarios.
Asimismo, ATE también puso el foco en las condiciones de otorgamiento y señaló posibles irregularidades en los requisitos aplicados para acceder a los préstamos. El sindicato mencionó el caso de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Capital Humano, quien habría obtenido un crédito poco antes de dejar su cargo, lo que alimentó las sospechas sobre el proceso.
Por otro lado, desde el Ejecutivo salieron a responder a las críticas y defendieron la política crediticia del Banco Nación frente a la controversia. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “No hay nada ilegal ni mucho menos de inmoral”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aseguró que los préstamos se otorgaron bajo condiciones generales y que los casos vinculados a dirigentes del Gobierno representan una porción mínima del total adjudicado.
La Coalición Cívica judicializa el caso por los créditos del Banco Nación
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación (BNA) sumó un nuevo frente judicial luego de que la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentara una denuncia penal por posibles irregularidades en la asignación de los préstamos. La legisladora “lilita” apuntó a un presunto “tráfico de influencias” en el otorgamiento de financiamiento a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza.
En ese marco, Frade cuestionó el criterio de adjudicación de los créditos y vinculó el caso con el discurso oficial sobre los privilegios en el Estado. “Depravado desde lo ético”, sostuvo la diputada sobre el otorgamiento de los préstamos, al tiempo que aseguró que la situación expone contradicciones entre la narrativa del Gobierno y las prácticas que se observan en la gestión.
Asimismo, la dirigente opositora solicitó que la Justicia avance sobre la documentación interna del banco para esclarecer el proceso de aprobación. “Que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron”, afirmó Frade, quien también reclamó acceder a las actas de directorio para determinar cómo se avalaron los créditos.
Por último, la diputada también puso el foco en casos puntuales que, según planteó, evidencian posibles inconsistencias entre los montos otorgados y los ingresos declarados. En ese sentido, Frade mencionó a Sarif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y advirtió que el joven accedió a un crédito millonario pese a contar con un salario significativamente menor en el Congreso.