El gobierno bonaerense ordenó delimitar la propiedad pública tras las denuncias del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur por severas irregularidades en los planos de licitación. Advierten sobre el impacto ambiental y la restricción del acceso a las playas por concesiones a 20 años.
La Provincia de Buenos Aires dispuso la intervención técnica para delimitar la propiedad en el frente costero de la zona sur y resguardar el dominio público sobre las riberas marítimas. La medida busca hacer efectiva la normativa que prohíbe edificar a menos de 150 metros del mar.
La resolución se produce en el marco de las denuncias impulsadas por el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur. Desde la entidad alertaron que la Municipalidad compartimentó el sector sin planificación territorial, impulsando mensuras que no incluyen las anotaciones obligatorias sobre el cuerpo de agua.
Irregularidades en los planos oficiales
En ese sentido, la organización apuntó contra el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) por elevar información considerada falsa al Honorable Concejo Deliberante (HCD). Según detallaron, el plano oficial para licitar 10 hectáreas de reserva en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada proyecta sus límites directamente sobre el oleaje.
Por su parte, el informe vecinal expone severas inconsistencias estructurales en los sectores próximos a la Ruta Provincial 11. En dicha traza, el diseño del Ejecutivo local no respeta el retiro obligatorio de 20 metros correspondiente a la franja libre de caminos. Al respecto, los especialistas remarcaron que la demarcación de la línea de ribera constituye un acto declarativo ineludible. Este deslinde oficial separa el dominio público provincial, situado al este, de la jurisdicción puramente municipal, ubicada al oeste de la costa.
El acto de demarcación territorial
Para materializar esta medida, el Ejecutivo bonaerense convocó al acto oficial de demarcación para el próximo jueves 16 de abril a las 14 horas. El procedimiento técnico en el lugar estará encabezado por representantes de la Autoridad del Agua y la Fiscalía de Estado.
Asimismo, la inspección territorial contará con la participación obligada de los funcionarios municipales del área de planeamiento. Según establece la normativa vigente, también podrán asistir al relevamiento aquellas personas u organizaciones vecinales que acrediten un interés legítimo en la preservación del sector.
Riesgo ambiental y privatización del espacio
Las obras previstas en el expediente por la Desarrolladora HOMS S.A. generaron un fuerte rechazo por su potencial impacto en la zona. No obstante, las agrupaciones ecologistas recordaron que el corredor de Chapadmalal ya registra graves antecedentes de daño ambiental y erosión costera por construcciones prohibidas.
Finalmente, desde el Observatorio sostuvieron que el modelo de urbanización propuesto justifica la restricción del acceso a la playa según la condición socioeconómica de los concurrentes. En esa línea, advirtieron que la gestión local planifica el despojo de los bienes comunes para entregarlos por 20 años a la explotación privada.