La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que exige aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. Los jueces calificaron de “poco serios” los argumentos del Ejecutivo y descartaron el impacto fiscal como justificación. Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recibió la noticia con optimismo y advirtió que los salarios docentes son los más bajos de los últimos 25 años.
La Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de inmediato con la Ley 27.795 de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificaron así el fallo de primera instancia dictado en diciembre del año pasado por el magistrado Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por más de 50 universidades públicas del país.
La medida exige la actualización de los salarios del personal docente y no docente universitario correspondiente al período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En sus fundamentos, el tribunal calificó a los argumentos del Estado como “poco serios”. Los jueces subrayaron además que el impacto fiscal de la medida es acotado y que su aplicación no afecta sustancialmente el interés público, mientras que lo que sí estaba en juego era un derecho constitucional central como el de la educación superior pública.
“Los salarios son los más bajos de los últimos 25 años”
La noticia llegó a las universidades en tiempo real. Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recibió el fallo con una hora de dictado cuando fue consultada. “Estamos sinceramente muy contentos y expectantes” afirmó.
Biasone remarcó la importancia de esta ley y el estado salarial del sector: “Los salarios que tenemos son los más bajos desde los últimos 25 años en educación, son los salarios más deteriorados de los últimos años.” Y extendió la preocupación al sistema científico-tecnológico, que en su visión sufre un daño de largo plazo difícil de revertir. “Hoy las investigaciones están siendo abandonadas porque la gente tiene que vivir y tiene mejores ofertas en el sector privado o en el extranjero. Recuperar esas investigaciones nos va a costar años, porque un investigador no se forma en un mes: son años de sedimentar, son años de inversión del Estado.”
Sobre la lectura política del desfinanciamiento, la rectora fue cuidadosa: “A lo mejor el gobierno quiere instalar un discurso en contra de las universidades públicas. Yo creo que la comunidad no permitió eso por el apoyo y el respaldo que recibimos todos los días”, señaló. Y encuadró el debate presupuestario en términos estructurales: “Hay que mirar cuáles son los ingresos al erario público, porque también hay una definición de beneficiar a algunos sectores de la comunidad que tal vez no son los más desfavorecidos, en detrimento de otros, en este caso de la educación pública.”
Qué sigue de ahora en más
Consultada sobre las posibles contramedidas del Ejecutivo, Biasone descartó que el gobierno tenga margen para continuar bloqueando la aplicación de la ley. “Hay dos poderes que le dijeron al Ejecutivo: cumpla esto, y no se lo dijeron una vez, se lo dijeron un montón de veces. Yo creo que no tienen más opciones que cumplirlo”, sostuvo. Admitió, sin embargo, que la implementación podría ser gradual: “El Ejecutivo puede decir todo junto no puedo, pagamos una parte ahora, otra parte en dos meses, eso se verá y siempre se puede consensuar.”
Sin embargo, remarcó que una de las necesidades inmediatas es la mesa de diálogo y de trabajo con el Ejecutivo: “Necesitamos espacios de desacuerdo. Tenemos que poder sentarnos en una mesa y decir que no estamos de acuerdo, pero una vez que nos dijimos todo aquello en lo que no estamos de acuerdo, empezar a consensuar. Esa es la obligación del gobierno y esa es nuestra obligación como universidades.”
Desde la Secretaría de Educación nacional, en tanto, la estrategia oficial apunta a elaborar una nueva ley que no derogue el esquema financiero actual sino que lo modifique, buscando consenso parlamentario para reemplazar la norma vigente. El fallo de este martes, sin embargo, no deja tiempo para esa maniobra ya que la cautelar es de aplicación inmediata.