El sindicato Simpetax elevó un proyecto al Concejo Deliberante para flexibilizar las exigencias operativas de los vehículos de alquiler. En paralelo, propusieron que el Estado municipal deje de fiscalizar a las plataformas digitales y que estas asuman la totalidad de la responsabilidad legal.
El Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax) formalizó una propuesta que marca un quiebre en el conflicto del transporte en Mar del Plata. A través de un documento elevado a la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, la entidad planteó un esquema de desregulación para la actividad y reconoció la legalización de las plataformas digitales como un hecho ineludible.
Frente al tratamiento de los expedientes vinculados a la Asociación Civil Conductores Unidos, la conducción gremial admitió encontrarse debilitada ante la postura del Ejecutivo y el cuerpo legislativo. En ese sentido, los referentes del sector decidieron modificar su estrategia de rechazo total para enfocarse en equilibrar las condiciones de competencia.
“El Concejo Deliberante, el intendente y la ciudadanía mayoritariamente han querido estas plataformas”, reconoció Miguel “Beto” Rodríguez, secretario general de Simpetax en diálogo con el Retrato. El dirigente admitió que el gremio se vio en la obligación de presentar este proyecto tras confirmar que el avance del transporte privado resulta un fenómeno irreversible.
Rechazo al registro municipal y división del sistema
En su presentación institucional, el sindicato manifestó su rechazo absoluto a la creación de un registro local de conductores de aplicaciones, proyecto que presentó la Asociación Civil Conductores Unidos y que fue evaluado en el concejo. El argumento central radica en la histórica falta de capacidad de fiscalización por parte del Estado municipal para controlar el volumen actual de los vehículos habilitados.
“Si la municipalidad no puede controlar colectivos, ambulancias ni combis escolares, ¿cómo vamos a hacer para controlar 5.000 o 10.000 autos pintados de cualquier color?”, cuestionó Rodríguez.
Ante este escenario, Simpetax propuso dividir el ecosistema en dos modalidades estrictas: un sistema público regido por ordenanzas y un sistema privado gestionado exclusivamente por las empresas tecnológicas. Bajo este formato, el Municipio quedaría eximido de controlar a las plataformas, y estas deberán responder con su propio patrimonio ante cualquier litigio penal, civil o laboral.
Tarifas atadas al colectivo y flexibilización operativa
El núcleo del proyecto elevado al deliberativo se centra en la modificación de la Ordenanza N° 4471 para modernizar las exigencias que recaen sobre el servicio. Entre los puntos más destacados, exigen atar el valor de la bajada de bandera al equivalente de dos boletos de colectivo, lo que fijaría la tarifa base actual en $3.100, con una ficha diurna de $206,66.
Asimismo, el petitorio exige extender la vida útil de los rodados de 10 a 14 años, argumentando que los titulares deben ahorrar un promedio de 200 dólares mensuales para amortizar una unidad cero kilómetro. Paralelamente, solicitaron la eliminación del sistema GPS obligatorio y la reducción de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a una sola inspección anual.
Otro de los ejes de la desregulación apunta a eliminar la obligatoriedad de cumplir turnos y horarios fijos para la flota tradicional. “Si se va a habilitar a que el transporte privado trabaje, ¿para qué nos van a exigir a nosotros cumplir horarios si ya tienen lo que quieren?”, argumentó el titular del sindicato.
El escudo de la seguridad pública
A pesar del profundo pedido de flexibilización administrativa, el gremio remarcó la necesidad de mantener ciertos estándares para garantizar la indemnidad de los pasajeros. La entidad subrayó que el sector taxista debe conservar la exigencia de la licencia profesional, el certificado de antecedentes penales y un seguro especial para personas transportadas.
La estrategia final del sindicato apunta a consolidar al taxi como la única opción de transporte fehacientemente avalada por el Estado local. De esta manera, advierten que los usuarios de las plataformas tecnológicas asumirán de forma individual los riesgos de viajar en un sistema privado que carecerá del resguardo institucional del Municipio.