La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el voto de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, revocó el fallo de la jueza de primera instancia Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como compensación a los demandantes, accionistas minoritarios de YPF que alegaban no haber recibido el mismo trato que la petrolera española Repsol cuando el Estado Nacional le expropió el 51% de las acciones en 2012.
El tribunal estadounidense sostuvo que la jueza Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina que merece ser revisada, una posición sostenida por la defensa del Estado Nacional.
El argumento principal, en consonancia con la posición argentina, sostuvo que la Ley de Expropiaciones prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. Además, señaló que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma.
Para los jueces de la Cámara, Preska trató los estatutos de YPF como si fueran un contrato bilateral, pero bajo la ley argentina no es así. “Las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos”, indicó la sentencia.
El tribunal ordenó devolver el caso a la instancia inferior para seguir la línea trazada por la Cámara de Apelaciones.
El juez José Cabranes emitió una disidencia en respaldo del fallo de la jueza Preska.
Ahora, al Fondo Burford -demandante en la causa- les quedan dos caminos extremadamente complejos y poco usuales en su recepción: solicitar la revisión discrecional en pleno por parte del Segundo Circuito lo que significa que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones analizarían el caso o acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.