Cuatro años después de la denuncia del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires constató accesos clandestinos y estructuras sin autorización en la Unidad Turística Fiscal Siempre Verde y ordenó su remoción mediante la Resolución 265/2026. El mismo empresario detrás de esos emprendimientos es quien hoy busca la concesión de Playa Redonda.
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires formalizó mediante la Resolución 265/2026, dictada el 9 de febrero, la orden de demoler los paredones y remover los carteles que el emprendimiento Calamar Loco construyó sobre la banquina de la Ruta Provincial 11, dentro de la Reserva Turística y Forestal del Paseo Costanero Sur, en el frente litoral del barrio Chapadmalal. La medida llegó tras cuatro años de denuncia sostenida por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur y confirma lo que el organismo venía advirtiendo: las estructuras ocupaban ilegalmente la franja libre de camino sin ninguna autorización provincial.
La resolución intimó a la empresa a regularizar su situación y, en simultáneo, a retirar los paredones e restituir el espacio público. Si dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación formal el infractor no cumple, Vialidad Provincial avanzará con el desalojo y la remoción a costo del propio responsable, con intervención de la Fiscalía de Estado. La multa aplicada asciende a 5.000 Unidades de Fomento, equivalentes a cerca de 9 millones de pesos, a depositarse en el Fondo Provincial de Vialidad.
El patrón familiar
El dato que el Observatorio subraya con énfasis no es solamente la ilegalidad constatada sino el nombre detrás de ella. Roberto Fiocca, empresario responsable de Casa Pampa y Calamar Loco (emprendimientos cuya construcción se habría realizado sin los permisos correspondientes sobre un espacio de reserva de alto valor ambiental) es el mismo oferente que hoy participa del segundo llamado a licitación para la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, cuyo proceso evalúa actualmente el EMTUR sin que los estudios de impacto ambiental, paleontológico ni geológico estén completos.
Como ya informó el Retrato en notas anteriores, Casa Pampa ya acumula una denuncia por contaminación vinculada a la gestión de efluentes, un problema estructural derivado de la impermeabilidad característica del suelo de Chapadmalal que torna inviable cualquier desarrollo que requiera manejo de aguas residuales sin infraestructura cloacal adecuada. Que el mismo titular ahora pugne por la concesión de una de las últimas playas naturales de la zona es, para la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal y para el Observatorio, la expresión más clara de lo que denominan monopolización del recurso turístico costero.
Lo que expone la resolución
Más allá de la sanción puntual, el Observatorio Ciudadano advirtió que la Resolución 265/2026 sienta un precedente con alcance sobre otras edificaciones implantadas por privados en la reserva. “Esto confirma el paciente trabajo realizado tanto como la ilegalidad de lo construido y expone la falta de control del municipio, que deja la reserva a merced de la improvisación de privados, comprometiendo un espacio público de alto valor ambiental y social“, señalaron en su comunicado.
La lógica que la resolución provincial vuelve a poner en evidencia es la misma que la Asamblea y concejales de la oposición han documentado en el sistema de concesiones del litoral sur, un municipio que no controla, multas que no disuaden, y cuando finalmente un organismo estatal interviene lo hace años después de consumado el daño. En el caso de los paredones de la Ruta 11, la denuncia data de 2022. La resolución llegó en febrero de 2026. Las estructuras, mientras tanto, estuvieron cuatro años ocupando ilegalmente el espacio público.