El presidente de la Nación, Javier Milei, habló en cadena nacional, en el prime time, para celebrar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito Nueva York que eximió al país de pagar USD 18.000 millones por la expropiación de YPF, al tiempo que adjudicó el logro a “la pericia política, judicial y diplomática” de la administración nacional.
“Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia; ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia”, afirmó Milei y recalcó: “El país logró una sentencia histórica en esta administración, lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Este gobierno una vez más levantó los platos rotos”.
En esa línea, el jefe de Estado agregó: “Hoy es un día de festejo para los argentinos de bien, porque nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista”.
Sin embargo, el libertario fue por más y apuntó contra la gestión nacional de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta y Axel Kicillof el secretario de Política Económica. En detalle, Milei, indicó que si el Estado hubiese perdido el juicio, se tendría que haber pagado USD 18.000 millones. “Un equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”, amplió.
Acto seguido, Milei señaló: “Es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico. Hay una verdad irrefutable, expropiar está mal, porque robar está mal. Esto nos costó 12 años de faltas de inversiones por culpa de juicio en curso”.
Vale recordar que, el caso judicial se originó tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner. Así, el litigio se convirtió en la demanda más significativa contra la Argentina en tribunales internacionales. La causa se desarrolló en Estados Unidos y atravesó distintas gestiones presidenciales.
Uno de los actores centrales del proceso fue el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio y llevó adelante la demanda. Su estrategia incluyó la compra de participaciones en el juicio y la búsqueda de un resarcimiento millonario.
En ese marco, la jueza norteamericana Loretta Preska ordenó al Gobierno el pago de USD 16.100 millones por la estatización de la empresa. Sin embargo, la defensa argentina sostuvo que “no se puede demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación nacional deben ser llevadas a la -jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social”.
En ese contexto, esta mañana, la Justicia norteamericana concedió la suspensión del discovery (pedidos de producción de pruebas) post sentencia y de otros procedimientos en el juzgado de primera instancia. Ante la noticia, desde la administración libertaria salieron a remarcar que el resultado judicial se vincula con la estrategia adoptada en la defensa del Estado.
En ese escenario, en la previa al partido amistoso de la Selección Argentina y en medio de un contexto álgido para el oficialismo por los escándalos de corrupción que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al propio Presidente, las fuerzas del cielo salieron a sacar pecho del fallo a favor de la expropiación de YPF.
“El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. Pone en jaque los cimientos legales sobre el que se sustentan las inversiones en el país, especialmente las estratégicas”, expresó el Presidente, tras señalar que el verdadero patriotismo es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo.
Cabe destacar que, durante su discurso, el Presidente reconoció el trabajo llevado adelante por la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pomadira y Juan Estamparija. Además, destacó el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.
Milei adelantó que enviará un proyecto de ley sobre expropiaciones al Congreso
Durante su breve alocución, el jefe de Estado adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a fin de establecer un marco sobre el derecho de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario. “Para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada vuelva a ponerse en tela de juicio en nuestro país“, alegó.
Según detallaron desde Casa Rosada, el texto se estructurará en seis áreas, desde la recuperación de inmuebles hasta la modernización del registro de la propiedad. En el primero de los casos, la medida propone un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, sobre la base de una iniciativa de los diputados Christian Ritondo y Martín Yeza ambos del PRO. El procedimiento incluye garantías de debido proceso y control judicial en todas las etapas.
Otro de los puntos es que el Ejecutivo delega responsabilidad a provincias y municipios. El texto del proyecto señala la “preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada”. Según el Gobierno, el mecanismo vigente bloqueaba rutas de regularización y dejaba a los habitantes de barrios en informalidad crónica, sin acceso progresivo a títulos legales.
Sin embargo, un punto clave son las modificaciones que buscan limitar la discrecionalidad del Estado. El nuevo régimen determina criterios precisos para la valuación: “actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y determinación del valor antes de que el acto estatal deprima el precio del bien”. Se fija en 60 días el límite para las ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias.
En otro capítulo relevante, el proyecto deroga los límites para que extranjeros adquieran tierras rurales, establecidos por la ley aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para la actual administración, esas restricciones implicaron un freno “irrazonable” a la inversión internacional, en particular en el sector agropecuario.