Un grupo de vecinos del barrio privado Rumencó obtuvo un fallo judicial que frenó la ejecución de una serie de obras millonarias aprobadas en una asamblea, cuya legalidad fue posteriormente cuestionada. La medida cautelar, dictada por la Justicia en octubre de 2025, ordenó suspender cualquier avance vinculado a los proyectos hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
La intervención judicial
De acuerdo con la documentación presentada, el 3 de septiembre de 2025 se realizó una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en la que se aprobaron dos iniciativas de alto impacto económico: un programa de limpieza de cuerpos de agua por $27.200.000 y un proyecto de reformas en el Club House, quinchos y gimnasio con un presupuesto de $1.491.197.000.
Tras tomar conocimiento de estas decisiones, un grupo de propietarios manifestó su desacuerdo mediante correos electrónicos enviados a la administración. En esos mensajes anticipaban la impugnación de lo resuelto, argumentando irregularidades en la convocatoria y en la información brindada durante el proceso.
A comienzos de octubre, los vecinos formalizaron la presentación judicial solicitando una “prohibición de innovar”, con el objetivo de impedir el inicio o continuidad de las obras. El 6 de octubre, la jueza Patricia Noemí Juárez hizo lugar al pedido y ordenó suspender las intervenciones por un plazo inicial de 45 días.
Posteriormente, el 17 de noviembre, el tribunal rechazó un planteo de la Asociación Civil que administra el barrio para levantar la cautelar, estableciendo que la suspensión de las obras se mantendrá vigente hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Reclamos de los vecinos
Entre los demandantes se encuentra Patricia Rosso de Pennisi, vecina del barrio, quien explicó públicamente los motivos que llevaron al grupo a recurrir a la Justicia. Según indicó, el conflicto se originó por decisiones que consideran inconsultas y que impactan tanto en los espacios comunes como en la economía de los propietarios.
Los vecinos sostienen que las resoluciones fueron adoptadas sin los mecanismos adecuados de consulta y con deficiencias en la convocatoria a la asamblea, lo que, según afirmaron, fue reconocido por la Justicia al dictar la medida cautelar.
Rosso de Pennisi señaló que cada propietario posee una participación proporcional en los espacios comunes y que cualquier modificación de gran escala debería contar con mayor consenso. También cuestionó la magnitud de las obras proyectadas y la adjudicación directa de uno de los trabajos a un residente del propio barrio.
Asimismo, indicó que existe preocupación por el impacto de nuevos desarrollos urbanísticos en zonas linderas, que incluirían instalaciones deportivas adicionales. Según detalló, estos cambios alterarían el entorno y la dinámica del lugar, generando inquietud entre los residentes.
Otro de los puntos señalados por los vecinos es la falta de información: aseguran que muchos propietarios, especialmente aquellos que no residen de forma permanente en el barrio o en la ciudad, no estaban al tanto de las decisiones adoptadas ni de sus implicancias económicas.
En este contexto, el grupo impulsa la revisión integral de lo actuado en la asamblea cuestionada y plantea la necesidad de retrotraer el proceso “a foja cero”, con el objetivo de garantizar mayor participación y transparencia en futuras decisiones. Mientras tanto, la resolución judicial mantiene paralizadas las obras hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la validez de las medidas aprobadas.