El concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone confirmó que desde hace dos años el Honorable Concejo Deliberante perdió injerencia en la elaboración de los pliegos de licitación de las unidades turísticas fiscales. Hoy, el cuerpo solo autoriza al EMTURyC a llamar a licitación, el contenido queda en manos exclusivas del Ejecutivo. El caso Playa Redonda es la punta visible de un patrón que ha derivado en licitaciones desiertas, fallos judiciales contra el municipio y daño ambiental irreversible en el litoral sur.
Hace dos años, el Ejecutivo municipal dejó de enviar al Honorable Concejo Deliberante los pliegos de las unidades turísticas fiscales para su análisis y aprobación. Desde entonces, el cuerpo legislativo opera como una ventanilla, emite una autorización formal para que el EMTURyC convoque a licitación, y ahí termina su participación. Lo que viene después, las condiciones ambientales, las exigencias técnicas, los antecedentes que se requieren o se omiten, queda en manos exclusivas del organismo dependiente del Ejecutivo.
El concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, lo describió en diálogo con el Retrato: “El Concejo le da la autorización y es el EMTURyC el que hace el pliego como quiera, de la forma que quiera. Y muchos de los problemas que se dan es justamente por eso”.
Como caso concreto, el anteproyecto para la UTF Playa Redonda (más de 4.500 metros cuadrados de infraestructura, piscinas al borde de un acantilado que retrocede un metro por año, cabañas sobre barrancas y estacionamientos para más de 1.000 vehículos) fue evaluado por el municipio sin estudios de impacto ambiental, sin relevamiento paleontológico y sin que la fragilidad geológica del suelo de Chapadmalal figurara como condición excluyente. El primer llamado fue declarado desierto tras verificarse vicios formales en la documentación de los oferentes, el segundo lo integraron, según documentó la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal, las mismas empresas que habían fallado en la etapa anterior, con los papeles reacomodados y la oferta triplicada ¿Quién permite tales irregularidades?
Un patrón común que excede las playas
El problema no se circunscribe al litoral sur. En los últimos dos años, la ausencia de un escrutinio legislativo profundo sobre los pliegos ha producido consecuencias concretas en procesos de alta relevancia para la ciudad.
El caso más resonante es el del Estadio José María Minella y el Polideportivo municipal. “El pliego adjudicado a finales de 2024 fue cuestionado y ya se advertía sobre errores de fondo: ausencia de obligaciones concretas de inversión para el adjudicatario y cláusulas que restringirían el uso del Parque de los Deportes para la comunidad. Ante la imposibilidad de acceder con tiempo suficiente a la información completa, la oposición optó por la abstención en comisiones, lo que debilitó la legitimidad política del proceso sin alcanzar a corregir sus problemas técnicos”
Taccone reconoció el caso como una excepción parcial dentro del patrón general: en esa licitación, el Ejecutivo sí remitió el pliego al HCD para su debate, retomando la práctica que había abandonado para las playas. “Hicieron lo que venían haciendo todos los gobiernos municipales anteriores”, afirmó. El problema estructural vino después, porque lo que el cuerpo legislativo no pudo examinar (en el Minella ni en ningún otro proceso) es el contrato de concesión, es decir, el instrumento jurídico que establece las obligaciones efectivas entre el municipio y el adjudicatario, y que es el que finalmente se firma. “Ese contrato, que nunca lo pudimos ver, es donde están establecidas las obligaciones de las partes que estamos cuestionando hoy día”, detalló el concejal.
Una multa inútil con casos paradigmáticos
El otro eslabón de la cadena es el del incumplimiento. La pregunta de qué ocurre cuando una concesión ya adjudicada no respeta sus condiciones tiene, en la práctica marplatense, una respuesta casi invariable: casi nada.
Taccone citó el caso del balneario Costa del Sol como ejemplo paradigmático. El pliego autorizaba 100 carpas. Una inspección municipal detectó 236. La multa aplicada equivalió a seis unidades de sombra. “El concesionario puso 136 de más, pagó 6 como multa y ganó 130”, remarcó. “Esas cosas no pueden ocurrir para que seamos considerados una ciudad seria. Porque si no, cuando los empresarios se presentan en licitaciones, lo hacen con un parámetro diferente a lo que debería ser, porque saben que después las multas son irrisorias”.
La justicia y los vecinos sustituyendo al control
Las causas judiciales acumuladas en el último año configuran, en conjunto, un mapa del vacío institucional. En abril de 2025, la justicia condenó a la Municipalidad de General Pueyrredon a entregar información ambiental detallada sobre los balnearios del sur a un grupo de vecinos, con el argumento de que el Ejecutivo había retenido datos críticos que afectaban el derecho a un ambiente sano. En julio, otro fallo condenó al municipio por ocultar información sobre el megaproyecto “La Reserva” en la zona sur, lo que derivó en un pedido de nulidad de su declaración de impacto ambiental en enero de 2026.
Para Taccone, que los vecinos lleguen a la Justicia no es una anomalía sino la consecuencia lógica de un sistema que no funciona. “Estamos recargando a la Justicia de trabajo justamente por el incumplimiento que tiene el gobierno municipal, no solo en el control, sino también en la elaboración de los pliegos”, afirmó. Y sintetizó la distribución formal de responsabilidades: “El Ejecutivo es el único habilitado para aplicar multas y rescindir contratos cuando hay incumplimientos. Pero lamentablemente el Ejecutivo tampoco hace eso. Entonces tenemos los problemas que tenemos”.
La conclusión que subyace al proceso es, en rigor, simple: si el pliego lo redacta el Ejecutivo sin control legislativo, las multas por incumplimiento las aplica el Ejecutivo sin que resulten disuasorias, el contrato que rige la relación lo firma el Ejecutivo sin que el Concejo lo haya visto, y la información ambiental la retiene el Ejecutivo hasta que la Justicia lo obliga a entregarla, el sistema de pesos y contrapesos no falla en un punto. Falla en todos.