La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó este miércoles un fallo a favor de la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, el cual hizo lugar al pedido de Estado nacional para frenar eventuales embargos por más de USD 16.000 millones.
En ese sentido, la resolución de la justicia norteamericana concede la suspensión del discovery (pedidos de producción de pruebas) post sentencia y de otros procedimientos en el juzgado de primera instancia, estableciendo una pausa judicial hasta tanto se resuelva la apelación sobre el fondo del caso.
De esta manera, la medida no solo frena la búsqueda de activos para eventuales embargos, sino que también suspende la audiencia de apelación vinculada al acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios argentinos.
En un comunicado, la Oficina del Presidente calificó la medida como “histórica” y detalló que “todos los procedimientos en curso” quedan suspendidos hasta que se resuelva la apelación. No obstante, se trata de una resolución de carácter procesal que no implica una definición de la cuestión de fondo del caso, es decir, del resultado de la apelación del Estado argentino.
“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la Argentina en un litigio que, durante más de 12 años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, remarcaron desde el Gobierno de Milei.
En detalle, el planteo argentino había sido presentado por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio el pasado 6 de marzo. Allí pidió una moción urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia original. “Existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens. Asimismo, advierte que la continuidad del discovery puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”, puntualizó el funcionario.
Es preciso mencionar que, el origen del conflicto judicial se remonta a 2015, cuando Burford Capital compró en una subasta en España el derecho a litigar por las demandas del Grupo Petersen y de la firma Eton Park, exaccionistas de YPF que resultaron perjudicados por la decisión de suspender dividendos tras la reestatización de la petrolera en 2012.
El 30 de junio de 2025, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, había ordenado al país entregar las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago de una indemnización de USD16.100 millones más intereses a favor de Burford y Eton Park.
Juicio por YPF: el Gobierno de Milei celebró el
fallo de la Cámara de apelaciones de Nueva York
